Lo que debes de saber:
El Comité considera que hay indicios “bien fundados” de que en México han ocurrido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil
Ojo que esto no solo es una señal de alerta: el Cómite contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) decidió escalar la situación de México hasta la Asamblea General. Así de serio es esto.
Desde Ginebra, el organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo poco común que busca encender focos rojos a nivel global. ¿La razón? La información analizada apunta a que las desapariciones en México podrían encajar como crímenes de lesa humanidad.
Aunque esto no significa que la ONU esté acusando directamente a alguien en particular. Este procedimiento es preventivo, no judicial.
¿Qué encontró la ONU?
El Comité considera que hay indicios “bien fundados” de que en México han ocurrido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, en distintos momentos y regiones del país. Eso es clave para hablar de crímenes de lesa humanidad en derecho internacional.
Sin embargo (y aquí viene lo delicado), el Comité sí detectó casos donde habría participación directa de funcionarios públicos o, al menos tolerancia o apoyo. Además, recordó que estos crímenes no necesariamente tienen que venir del Estado: también pueden ser cometidos por grupos organizados si actúan de forma sistemática contra civiles.
Las cifras que preocupan:
El panorama no ayuda a tranquilizar a nadie:
- Más de 4,500 fosas clandestinas encontradas
- Más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos hallados
- Alrededor de 72,000 restos sin identificar
Y aunque existe un registro nacional de personas desaparecidas, la ONU señala que todavía no queda claro cuántos casos califican específicamente como desaparición forzada.
México responde: rechaza señalamientos de la ONU
Tras difundirse la decisión del Comité, la Secretaría de Gobernación publicó un mensaje en redes sociales donde fijó postura. ¿Cuál es?
Rechazó la interpretación de la ONU y sostiene que no existe una política de Estado para cometer desapariciones forzadas.
Además, señala que muchos de los casos están vinculados al crimen organizado y no a acciones gubernamentales, y defiende que en los últimos años se han implementado medidas institucionales y esfuerzos de búsqueda. En ese sentido, México reconoce que hay una crisis de desapariciones, pero no acepta que se le catalogue como una práctica sistemática atribuible al Estado.
Sin embargo, la gran pregunta en redes es por qué sigue la crisis de personas desaparecidas, lo que nos lleva a otra cuestión: ¿Verdaderamente han hecho lo suficiente para resolver el problema?
