La semana pasada, el representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña, se reunió con el secretario general del Gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui… y ya. Alguna cosa nubló el entendimiento de la prensa local (cof, chayote, cof), que les hizo difundir la noticia de que, nomás porque se dio el encuentro, el gobierno iba “con Toño” en asuntos de derechos humanos.

Y bueno, las autoridades de Tamaulipas tampoco se tomaron la molestia de aclarar el malentendido; pues cómo se iban a quedar sin presumir que, sin haber hecho nada, la organización internacional les puso una estrellita. Así que el asunto quedó en que fueron aplaudidos por ser la única entidad que cuenta con un Comité para la Implementación de Medidas de Seguridad para defensores de Derechos Humanos y periodistas. Pero cuál…

Nomás el fin de semana les duró la mentirota: la propia Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), desmintió haber hecho tal reconocimiento. Por el contrario, en comunicado la Organización señaló que la reunión entre los representantes de ambas partes sí se llevó a cabo, pero lejos de aplaudir, se externó la preocupación por el riesgo en que se encuentran “las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas” en Tamaulipas, al igual que señalar la urgencia que se tiene para lograr una mejor coordinación con las autoridades federales”.

“Esta aclaración de la oficina del Alto Comisionado viene a evidenciar más lo que está pasando, después del asesinato de Miriam Rodríguez el 10 de mayo de este 2017, pues sólo se ha dado protección a unos pocos activistas (…) alrededor de 46 personas están protegidas como medida (…) y los demás, lo que el gobierno ha hecho es enviarlos al Mecanismo Federal (…) aun cuando se señala que los problemas podrían ser subsanados por el gobierno de Tamaulipas”, señaló el periodista Manuel Juárez a la periodista Carmen Aristegui.

Para rematar su comunicado, la ONU agradeció por anticipado que los medios que tuvieron la imaginación para redactar que el gobierno del Estado sí le está chambeando a favor de los derechos de activistas y periodistas, se tomen la molestia de aclarar la información publicada.

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