De envidiarse es el gran operativo que montó la justicia española en Madrid, Murcia, León y Valencia, donde fueron detenidas 51 personas ligadas a actividades políticas y empresariales, en su mayoría acusados de hacerse ilegalmente de recursos públicos que ascienden a los 250 millones de euros. La operación policíaca barrió con dirigentes del Partido Popular (PP) y también con empresarios de la construcción.
En la detención también cayeron seis alcaldes y el presidente de la diputación de León, Marcos Martínez; además se realizó el cateo en los ayuntamientos, residencias y empresas de las ciudades ya mencionadas. La movilización se dio gracias a que las autoridades detectaron que toda una trama de corrupción municipal y regional estaba “infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías”, se informó mediante un comunicado.
Con el operativo conocido como operación Púnica se logró la detención de Francisco Granados, quien fuera el número dos en el gobierno de Madrid cuando estaba bajo la administración de Esperanza Aguirre. Granados fue involucrado con actos de espionaje ilegal en contra de varios dirigentes políticos de grupos opositores e incluso de gente perteneciente a su propio partido.
Aunque Granados es señalado como uno de los personajes de más renombres involucrados en este operativo, también fueron detenidos diputados, alcaldes, ex alcaldes, secretarios, jefes de gabinete y directores de institutos regionales. Incluso fue detenido un agente de la Guardia Civil por dar el “pitazo” a uno de los políticos investigados que era sometido a vigilancia.
Al ver el escándalo, los dirigentes del PP aplicaron el muy mexicano deslinde y anunciaron la expulsión de todos los miembros de su partido que han sido involucrados en cuestiones ilegales. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló que sentía “vergüenza” al saber que si “ahijado” político estuviera envuelto en actos de corrupción, por lo que pidió “perdón a los militantes por haber propuesto como secretario general a este señor”.
El operativo fue resultado de una investigación realizada desde hace dos años, en la cual se llevaron a cabo varias escuchas telefónicas y el análisis de documentos en los que constan las prácticas corruptas de los dirigentes políticos y los empresarios de la construcción. A todos los detenidos se les acusará de tráfico de influencias, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, malversación de fondos, negociaciones prohibidas, fraudes contra la administración, organización criminal, entre otros delitos…
Nada más para empezar.
*Vía El País, La Jornada