La situación de feminicidios en el estado de Veracruz están cada vez peor y no parecen mejorar. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General estatal, durante enero y febrero de este año se registraron 47 desapariciones de mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad, 24 mayores y en 9 casos ni siquiera se conoce la edad de las víctimas.

Ante la falta de medidas adecuadas para enfrentar esta situación, las organizaciones Colectivo Feminista Cihuatlahtolli; Piensa, Actúa y Sorprende (PAS); el Instituto de Derechos Humanos y Democracia; así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitaron al gobierno de Veracruz la tercer declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). 

Ya hay dos declaratorias previas 

La primer alerta de género se levantó en noviembre de 2016 para 11 municipios por violencia feminicida. La segunda se declaró en diciembre de 2017 por agravio comparado, es decir que en el estado existe un marco normativo que violenta los derechos de las mujeres.

Ahora con la tercera solicitud se considera que las autoridades estatales están rebasadas. Por medio de un comunicado la OCNF pone como ejemplo de esto la reciente renuncia del Comisionado Estatal de Búsqueda, Geiser Caso Molinari.

Se explica que las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no toman en cuenta el contexto de criminalidad que se vive actualmente en el estado, por lo que las medidas tomadas corresponden a lo que enfrentan las mujeres veracruzanas.

Entre las cosas que destacan es que a más de 5 meses de la toma de protesta del gobernador, Cuitláhuac García, aún no hay claridad de las acciones para disminuir los casos de feminicidio y de desaparición de mujeres y niñas.

A la CONAVIM se pide la creación de un Grupo de Trabajo para la investigación de la solicitud de la alerta, al Presidente que se establezca una estrategia para la recuperación de espacios seguros por medio de un mapa de zonas de mayor violencia, al Poder Judicial que se garanticen las investigaciones inmediatas para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, y a la Fiscalía del estado la garantía de funcionamiento de la Unidad de Análisis y Contexto.

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