Foto: Video/ Diario Cambio

Soldados ejecutan civiles y son víctimas de emboscadas, autoridades reforzarán “estrategia” contra huachicoleros

Un par de grabaciones registradas la semana pasada en Palmarito, Puebla, donde miembros del Ejército se enfrentaron a supuestos ladrones de hidrocarburos, han dividido a la opinión pública. Por un lado, están quienes exigen mano más que dura contra militares que, sin más, ejecutan a civiles ya sometidos y, por el otro, están los que justifican la justicia inmediata que aplica la milicia. Después de todo, están tratando con delincuentes.

Sin embargo, parece temprano para dar un “veredicto”: a los dos videos dados a conocer ayer en distintos tiempos, habría que añadir otros que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dice tener en su poder. Según La Jornada, la CNDH reveló que ya conocía el contenido del primer video difundido ayer por distintos medios de comunicación (en el que se ve a un militar dando el tiro de gracia a un presunto huachicolero), pero además tiene otras grabaciones que aún les falta analizar.

Pese a lo que se muestra en la segunda videograbación soltada ayer (con la que muchos “justifican” el accionar de las fuerzas armadas, ya que se ve cómo previamente uno de los detenidos logra zafarse para luego atacar por la espalda a uno de los uniformados), parece que las indagatorias van en una dirección: el Ejército habría divulgado una versión falsa de lo que ocurrió en Palmarito, el 3 de mayo. Las muertes registradas ese día (11 en total, cuatro de ellas militares; de los civiles, una mujer y un niño), no todas fueron resultado de una emboscada que los del Ejército sufrieron por parte de ladrones de hidrocarburos.

Según Proceso, en las protestas ocurridas un día después de los hechos, pobladores de Palmarito Tochapan, denunciaron que los militares habrían ingresado a la comunidad ubicada en el municipio de Quecholac para disparar y agredir a todo transeúnte. Incluso Reforma difunde la versión de los padres del hombre que aparece ejecutado en la grabación difundida ayer: Raúl, de 46 años, era simplemente un campesino. En el momento en que fue detenido por los militares, iba en dirección a componer su camioneta. Mismo caso de Felipa Olalla Jiménez, la mujer que pareció el 3 de mayo y cuyo féretro fue trasladado hasta la ciudad de Puebla como protesta. Según los pobladores, Felipa -de 42 años- nada tenía que ver con el robo de combustible y, aun así, los soldados la ejecutaron dándole tiro de gracia.

Para reforzar los señalamientos del mal procedimiento de las fuerzas armadas, Proceso difundió una grabación de extensa duración, en la que se observa cómo los militares, al darse cuenta de las cámaras, proceden a quitarla para -supuestamente- evitar la evidencia de lo ocurrido.

La PGR informó que el video en el que se ve cómo militares ejecutaron a Raúl ya forma parte de la investigación de los hechos sucedidos en Palmarito, Puebla. Según un comunicado difundido por la dependencia federal, “con estas acciones, la Procuraduría General de la República reitera sus esfuerzos por abatir los espacios de impunidad y de perseguir los delitos, en cualquiera de sus modalidades, hasta sus últimas consecuencias”.

Las autoridades comienzan por cuestionar la forma en la que se han difundido las grabaciones de los hechos del pasado 3 de mayo. De acuerdo con El Universal, PGR y la Fiscalía General de Justicia Militar aseguran que las cámaras que grabaron los hechos están bajo el control de los propios grupos criminales, por lo que ellos son quienes van administrando la difusión del material.

Por su parte, el gabinete de seguridad tuvo un encuentro con el Grupo de Coordinación Contra el Robo de Combustibles, conformada por la secretaría de Hacienda, de Energía y Petróleos Mexicanos, a fin de revisar los avances alcanzados hasta ahora. Sin tratar el asunto de los videos, Presidencia informó que resultado de la reunión, se acordó instrumentar acciones adicionales para “agilizar y fortalecer la referida estrategia [contra el roo de hidrocarburos], así como establecer un encuentro de coordinación, la semana próxima, con los gobernadores de las cuatro entidades con mayor incidencia de este delito: Puebla, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas”.

Así que mientras las autoridades ven cómo echarle la mano a los militares, estos le seguirán haciendo como puedan: resistiendo a las emboscadas y, cuando se pueda, dándole tiros de gracia civiles, sin darles chance de demostrar que ellos ni saben qué es un huachicolero.