Luego de posponerlo lo más que se pudo, hoy comienza la discusión del proyecto de la reforma energética y, de confirmarse lo que algunos medios señalan que contienen las reformas, razones no faltan para que sea aprobada en “madruguete guadalupano”.
Ahora sí, se viene lo bueno: de acuerdo con el proyecto de dictamen de la reforma energética a discutirse hoy en el Senado, serán varios los artículos constitucionales que se verán modificados… nomás tantito, tampoco es para alarmarse: “sólo” el régimen constitucional en materia de hidrocarburos que data de la época de la expropiación petrolera, por lo que ahora –de aprobarse- se dará paso a los contratos de riesgo, las concesiones y demás… todo en beneficio de las empresas extranjeras.
Además de lo anterior, los legisladores han comprendido que el petróleo no nada más es de la nación, sino que es un bien mundial… por lo que cuando se cuente con los servicios de alguna empresa internacional, el gobierno podrá pagar en efectivo, con un porcentaje de las ganancias y -¿por qué no?- incluso con barriles de petróleo.
El documento a discutir fue elaborado por el PRI y PAN, y en él consta una “pequeña” reforma al artículo 28 de nuestra Constitución, con la cual la refinación del petróleo, la petroquímica básica, así como cualquier tipo de actividad que pueda generar electricidad en el país, deje de ser actividad estratégica… pus pa’ qué, si para eso las empresas privadas se pintan solas. Con esto Pemex y la CFE pondrán a prueba su calidad de empresas de clase mundial, ya que competirán con trasnacionales para hacerse cargo de dichas actividades.
Esta sólo es una probadita de los elementos que serán propuestos, “discutidos” y aprobados… señalando para su justificación el panorama catastrófico que tiene en cuestión financiera y operacional Pemex y CFE:
“La Iniciativa considera que el país requiere de un cambio profundo en el modelo de gestión y organización del sector energético en su conjunto, pues el actual llegó a su límite y se encuentra en franco agotamiento, puesto que no responde a las necesidades presentes de la sociedad mexicana y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo la seguridad energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de la sociedad mexicana.”
Pero, pese a todas las reformas constitucionales –y más-, “la propiedad de los hidrocarburos es y será siempre de la nación”.