En 2007, los legisladores tuvieron la brillante idea de prohibir la “denigración” de instituciones o partidos políticos durante proceso electorales. Por su ṕuesto, una prohibición así debía coexistir con el derecho a la crítica y los límites entre ambas nunca estuvieron claros, por lo que las cortes se la pasaban resolviendo casos bastante “bizantinos” y necios.
Pues bien, el día de ayer por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como improcedente aquella prohibición y determinó que en cuestión de expresión, ya sea dentro o fuera de un proceso electoral, lo único prohibido es la calumnia, es decir, sostener falsedades sobre un individuo o una institución.
La corte tomó esta postura luego de discutir el artículo 69 del Código de Elecciones de Chiapas, en el que se exigía “abstenerse de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas”. Una abrumadora mayoría de ministros de la corte decidieron que una determinación así no sólo era extremadamente difícil de hacer cumplir, sino que de hecho, atentaba contra la libertad de expresión y representa “una forma de censura previa”.
“El ejercicio de la libertad de expresión no sólo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno y apuntan a la necesidad de que las medidas restrictivas se sometan a un test estricto de proporcionalidad[…] La propaganda política o electoral que denigre las instituciones o los partidos políticos no ataca per se a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoca algún delito o perturba el orden público” se afirma en la sentencia.
Con esta resolución, los partidos tendrán más libertades para referirse a los rivales y decir de ellos básicamente cualquier cosa mientras no mientan. De esta manera, se le da más peso a un esquema electoral en el que existen ideas diversas en lugar de obligar a los candidatos a apegarse a la “objetividad”.
Ahora sólo falta que los políticos usen adecuadamente su criterio para sacar todo el jugo posible a la opinión sobre los otros, en lugar de limitarse a reprobaciones sin sentido. Lo malo es que para orillarlos a eso, no hay legislación que valga.
Vía: Reforma