El pasado 29 de octubre se ordenó la libertad de 70 personas que pertenecían a grupos de autodefensa en Michoacán, luego de estar presos dos años y cuatro meses por portación ilegal de arma de uso exclusivo del Ejército, a pesar de haber sido institucionalizados y legalizados por el excomisionado federal Alfredo Castillo.
Entre los beneficiados no se encontró José Manuel Mireles, quien, de acuerdo con su abogado, Ignacio Mendoza, hoy será trasladado de Hermosillo, Sonora, al penal federal ‘El Rincón’, en Nayarit. El defensor legal indicó que ayer fue notificado por la Secretaría de Gobernación sobre el traslado y que la decisión responde a una petición de la defensa del preso.
Por cuestiones de procedimiento y seguridad no se informó la hora en que el médico será trasladado al penal de Nayarit.
Mireles, de acuerdo con la versión oficial, buscaba ser trasladado al penal de ‘Mil Cumbres’ en Michoacán, aunque se encontró con que la prisión “no estaba en condiciones todavía”. El abogado señaló que aun así esperan que Mireles regrese en poco tiempo a su tierra y que en “unas semanas” el penal al que busca ser trasladado se encuentre en condiciones, apunta El Universal.
De acuerdo con Proceso, durante los últimos meses se informó —en distintas ocasiones— que el Gobierno de Michoacán había avalado que el cirujano pasara su condena en dicho penal, aunque hasta el momento el movimiento no se ha concretado.
Hasta ahora, según el abogado, sólo siete de 70 autodefensas han sido liberados bajo una fianza de 120 mil pesos: la mayoría —indica el semanario— son de escasos recursos y se mantendrán presos hasta que junten el dinero.
En junio, un juez desestimó los cargos que pesaban contra el doctor Mireles por delincuencia organizada, aunque se negó a liberarlo bajo fianza por el delito de portación de armas exclusivas del ejército. El cirujano fue arrestado el 27 de junio de 2014.
A los 70 miembros de las autodefensas se les ordenó —a cambio de respetar su libertad condicional— no salir del estado, no acercarse a los policías que los detuvieron, no asistir a reuniones de gente armada y, aparte, tendrán que ir a firmar ante el juzgado una vez al mes hasta que concluya su proceso.