Por Esteban Illades
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó una decisión un tanto inusual. En un comunicado anunció la publicación de un video en el cual se veía a Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, entrar a las oficinas de la PGR, hacer un trámite y salir unos minutos más tarde.
Según la Procuraduría, la publicación del video se debía al “interés público”, y que darlo a conocer no iba en contra de “ninguno de los principios del debido proceso, la salvaguarda de la presunción de inocencia y no violenta la integridad, ni la privacidad de las personas”.
Lo único relativamente interesante del video, y lo que tomaron casi todos los medios de comunicación, fue que al final alguien –presumiblemente Ricardo Anaya, según la propia PGR– dijo “hijos de puta” un par de veces.
Dirás, querido sopilector, que qué tiene de relevante todo esto: por qué nos interesa saber que alguien le dijo “hijos de puta” a quienes trabajan en una institución federal (nos debería de dar igual), o por qué nos importa que la Procuraduría ande ventilando lo que sucede adentro de sus oficinas.
Por lo siguiente: Ricardo Anaya, según se ha dicho en medios, y según lo ha hecho saber la PGR, está conectado a una investigación federal respecto a la compraventa de un terreno que era de su propiedad por 54 millones de pesos. Según las autoridades, la compraventa fue chueca. Al día de hoy, no se le ha acusado formalmente ni se le ha detenido, pero conforme pasan los días, más información se filtra a la prensa y ahora hemos llegado al extremo de que se muestre un video de Anaya en la PGR.
Investigar a alguien, mientras haya elementos para hacerlo, no está mal. De hecho, y no debería ser necesario decirlo, está bien. El trabajo de la Procuraduría, entre otras cosas, debe ser la investigación de posibles delitos. Ya veremos en algunas semanas o unos meses si hay suficiente evidencia para que Anaya enfrente a la justicia mexicana. Y si existe la evidencia, entonces tendrá que ir a juicio.
Sin embargo, y he aquí un punto importante, la manera de manejar la investigación por parte de la PGR muestra un sesgo importante. César Duarte, exgobernador prófugo de Chihuahua, lleva meses desaparecido, y no fue sino hasta hace pocas semanas, a petición del gobernador actual, Javier Corral, que la Procuraduría anunció que buscaría su extradición. No que la estaba pidiendo, sino que la iba a pedir. Pasaron días antes de que en verdad lo hiciera. Bien amable el aviso al perseguido.
Al mismo tiempo sigue sin saberse nada sobre Emilio Lozoya, y todo el caso Odebrecht, del que ya hemos hablado aquí. Cuando Raúl Cervantes, exprocurador que dejó el cargo a finales del año pasado –y cuyo lugar fue tomado por un encargado de despacho, no por un Procurador como tal–, dio su discurso de despedida, avisó que ya había llegado a las conclusiones de una investigación importante, sin decir cual. Pero dado el contexto, era más que claro que se trataba de Odebrecht. La bolita le quedó a su sucesor, Alberto Elías Beltrán, que funge como interino. Elías Beltrán no dijo entonces, ni ha dicho ahora, qué conclusiones eran.
México sigue siendo, junto con Venezuela, el único país de los involucrados que no ha detenido a nadie por Odebrecht.
Si se toma todo eso en cuenta, más otras tantas investigaciones que están congeladas o no avanzan –por ejemplo la relacionada con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala hace casi cuatro años–, llama la atención la rapidez con la que la PGR se está moviendo en este caso.
Y la llama todavía más por la manera en la que lo está haciendo: nunca antes había dado a conocer un video como el de Anaya, con el que hizo hincapié en que no había nada malo en compartirlo. Lo repitió tanto que más dudas generó.
En cambio, nunca salió el video de Lozoya entrando a la PGR hace unos meses a conocer su expediente, u otros tantos de personajes también vinculados con investigaciones federales. Ya que estamos en ésas, valdría la pena utilizar esta nueva disposición de apertura de la Procuraduría para pedirle todo ese material que también cabe dentro del interés público.
Pero esto no es lo más perturbador. Lo peor de todo es que lo que le sucede a Anaya no es nuevo. Ya ocurrió con Andrés Manuel López Obrador en 2005: el gobierno federal intentó, hasta que no pudo más, descarrilar su candidatura. Muchos morenistas dirán que no hay comparación alguna, que a Anaya se le acusa de un delito que involucra 54 millones de pesos, mientras que López Obrador sólo quería construir una calle que llegara a un hospital… pero ése no es el punto.
De hecho, a ninguno se le ha juzgado o juzgó. (Y a López Obrador se le acusaba de no acatar una sentencia, lo cual es bastante distinto de querer construir una calle.)
El punto es que, en ambos casos, el partido en el poder (el PAN en 2006 y el PRI en 2018) utilizó las instituciones, aquellas que deben trascender a las personas y servir a los mexicanos; es decir, las que se supone que garantizan que el Estado de Derecho funcione en México, para detener candidaturas. (No deja de ser irónico que ahora sea el PAN quien se queje de este uso del aparato estatal para estos fines.)
Haya sido López Obrador culpable en 2005, o sea Ricardo Anaya en 2018, ambos casos debieron ser investigados. Pero de manera justa. No como se hizo y se está haciendo. Menos en pleno proceso electoral para definir al próximo gobierno mexicano.
Y no sólo por ellos, que gozan de los mismos derechos que los mexicanos, sino por todos nosotros. En México, como en cualquier país que se hace llamar democrático, la elección presidencial la debe ganar, en condiciones parejas, quien obtenga más votos. Nos guste o no. Es lo mínimo que se debe exigir.
Hoy, como en 2005, estamos viendo a personas tan chiquitas que, con tal de quedarse con algo de poder, o evitar que se les investigue en un futuro, están dispuestas a quemar el país. Que no haya ni gente ni gobierno ni Estado ni nada de lo necesario para llevarlos frente a la justicia. Que arda todo menos sus billetes.
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