Por Esteban Illades
Mañana se cumplen dos semanas del temblor del 19 de septiembre. Un temblor en el que, ahora se sabe, decenas murieron y centenares fueron evacuados porque las construcciones en las que vivían o trabajaban se vinieron abajo cuando no debían. Esto, comienzan a mostrar las investigaciones, se debe a que la corrupción y la falta de vigilancia en las construcciones permitió todo tipo de irregularidades.
Ningún caso es más claro que el del Colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan, donde 19 niños y ocho adultos murieron tras el colapso de un edificio administrativo construido y modificado de manera ilegal durante años.
Pero hay muchos otros que han ido saliendo a la luz, y muchos más que aparecerán en los próximos días y semanas. La Ciudad de México, que durante las últimas dos décadas ha tenido un boom inmobiliario –y su equivalente en autoconstrucción, por la falta de vivienda de bajo costo para personas de escasos ingresos–, crece de manera desmedida y sin control alguno de las autoridades.
En Iztapalapa por años la urbanización libre –a falta de ayuda y control gubernamental– ha llevado a la escasez diaria de agua en la delegación más poblada de la capital. En la Condesa/Roma y en la Del Valle, colonias donde cada día se construyen nuevas estructuras, no se respeta ninguna ley local, al grado extremo de que en Avenida Nuevo León, por ejemplo, alguien pudo construir, sin papel alguno, un helipuerto con toda tranquilidad, y que con el temblor dañó los dos edificios colindantes e hizo que al menos medio centenar de familias se quedara sin casa.
¿Es mucho pedir @TJA_CDMX que revisen resolución 32515/2017 de Mag. Minutti Zanatta a favor de @Grupo_JV que tiene a 50 familias sin casa? pic.twitter.com/qN5rz6LWGv
— ?? ????? (@Mony_de_Swaan) September 29, 2017
O el edificio de departamentos en la calle de Bretaña 90 en la colonia Zacahuitzco, que resultó ser una casa maquillada y vendida como edificio, cuando en realidad era una construcción de hace más de 50 años que no estaba en condición alguna para soportar un temblor.
Y, sin duda alguna, lo que sucedió en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, donde cinco estudiantes murieron. Aquí la universidad pretendió actuar como única autoridad en el asunto, al punto de cerrarle el acceso a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, la autoridad competente, durante días. La PGJ logró entrar semana y media después del temblor al campus, cuando debió de haber estado ahí desde que se supo que había muertos a causa del sismo.
Autoridades que permiten construcciones que no deben existir, y que cuando quieren revisar los efectos de su mal trabajo, ni siquiera pueden porque los privados no los respetan ni a ellos ni a la ley, ya que no existe consecuencia alguna de ignorarla.
En estos casos vemos lo mismo, un gobierno rebasado en todos niveles. En prevención, en supervisión y en investigación. Esto no sólo a nivel ciudad, sino a nivel delegacional. Estas construcciones cuentan, en el menos grave de los casos –que igual lo es– con autorización tácita de funcionarios. En el peor, con corrupción abierta avalada por los gobiernos.
En el helipuerto de Nuevo León los sellos de clausura –y esto lo puede ver cualquiera que pase por ahí–, están colocados de tal manera que en realidad no clausuran nada. Las puertas se pueden abrir y cerrar sin problema. Si no fuera por el riesgo de colapso inminente, la construcción, con su helipuerto ilegal, seguiría dando servicio como si nada.
En el colegio Enrique Rébsamen la directora pudo construir una casa con todos los permisos o arreglos necesarios, porque al igual que en el edificio del helipuerto, los sellos de clausura sólo servían de adorno.
En Bretaña 90, que se encontraba en proceso de venta de departamentos cuando se desplomó, simplemente no existía documento alguno. Pasó de casa a edificio sin que la autoridad supiera que esto había ocurrido.
Claro que el problema no termina ahí, puesto que estos son casos que salen a la luz tras el temblor. Pero, valga la obviedad, el centro del país es zona de temblores. Nuestros propios sismólogos nos advierten: dadas las fallas geológicas en el subsuelo del estado de Guerrero, hay que estar siempre preparados ante la posibilidad de un terremoto igual o de mayor magnitud que el de este último 19 de septiembre.
Es obvio que no lo estamos. Al menos no en cuanto a funcionarios o instituciones se refiere. La respuesta tras estas catástrofes –prevenibles en su mayoría– ha sido, si somos amables, deficiente. La Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) ha dicho que su sistema se encuentra dañado tras el temblor. Por ello, no es posible tener acceso ni siquiera al padrón de Directores Responsables de Obra (DROs), los encargados de certificar que una construcción cuente con las medidas de seguridad necesarias. (Para poder consultar este listado, es necesario hacerlo a través de sitios de noticias que han obtenido la información por su parte, como Buzzfeed News.)
El Atlas de Riesgo de la ciudad, que es exactamente lo que su nombre describe, no es público. 113 ciudadanos han pedido conocer su contenido a través de transparencia, y la autoridad les ha negado la petición.
Ni siquiera existe un padrón público de los edificios que el Jefe de Gobierno anuncia como revisados día con día. Sólo da cifras y categorías de daños. Pero ningún ciudadano sabe –al menos que viva ahí– qué edificio tiene qué nivel de daño y por qué. Si puede seguir viviendo junto a una construcción inspeccionada o no. Si puede ir a un café, un cine o cualquier lugar donde pasar el tiempo libre sin riesgo de que algo suceda. (Eso sin contar el riesgo de ser asaltado, pero ése es otro asunto.)
Lo único que puede ver uno, al caminar por las calles, son tiras de diversos colores, que señalan zonas donde ocurrió algo. Amarillas si se cayó material. Naranjas/rojas si sucedió algo más grave. ¿Qué tan grave? Ni idea.
Ésta es la consecuencia de ver la ciudad sólo como un negocio y no como lo que es en realidad, un lugar donde viven personas. Por citar otro ejemplo, es lo que sucedió con el edificio de la Colonia Portales, que fue anunciado como punta de lanza en construcción inteligente, y cuyo diseño, se sabe tras peritajes, estaba mal hecho, y cuyos materiales, también se sabe, no cumplían con requisitos mínimos para soportar un temblor como el de hace dos semanas.
Los intereses económicos por encima de los de los ciudadanos es lo que tenemos hoy, junto con una autoridad rebasada y cómplice en estos derrumbes. Más cuando un temblor, que, aunque grave, pudo haber tenido muchas menos pérdidas que las que hoy sufrimos.
En redes circula la frase “la corrupción mata”, y es cierto. Mata y seguirá matando indefinidamente, porque en esta ciudad no va a dejar de temblar. Pero sí se pueden disminuir sus efectos si se respetan los códigos de construcción y las autoridades hacen el trabajo que deben hacer.
Cosa que, en la reacción al temblor, no hemos visto ni un poco. Lo único que ha sucedido es que (la mayoría de) los políticos y funcionarios que aspiran a otro cargo han intentado taparse las espaldas para que el temblor no afecte lo que les importa, sus carreras.
Por eso es que la hija de la directora del Colegio Enrique Rébsamen pudo entrar a la construcción tras el derrumbe y recoger sus pertenencias con toda calma, mientras declaraba que “De menos no perdimos todo”.
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