Por Esteban Illades
La semana pasada, el precandidato del PRI,Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, dio de qué hablar pero por la razón equivocada. El jueves por la noche, Animal Político publicó una carta enviada por el vocero de Meade, Eduardo del Río, que cerraba de la siguiente manera:
“Por todo lo anterior, se considera que el contenido de la nota referida supera por mucho el derecho a la libertad de expresión con que cuentan los gobernados en un Estado de Derecho, vulnerando la esfera jurídica de terceros, en el caso, los derechos de José Antonio Meade Kuribreña, pues lo ahí manifestado constituye una injuria gratuita a su persona, es por ello que se valorará emprender las acciones legales en contra del portal de noticias que publicó la nota y en contra del autor de la misma”.
La carta era en respuesta a un reportaje de Animal Político sobre presuntos desvíos de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social cuando Meade era su titular. El reportaje, disponible aquí, se sustentaba en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación; es decir, en información del propio Estado mexicano.
A primera instancia podrá decir uno que no hay nada de malo, que una persona está en su derecho de demandar a alguien si considera que lo está calumniando. Y sí, en efecto, no hay nada malo en hacerlo.
El problema es quién lo hace y cómo lo frasea. En este caso, decir que un reportaje “supera por mucho el derecho a la libertad de expresión con que cuentan los gobernados” es incluso hasta peligroso, pues el vocero –o el candidato, quien lo haya puesto así– parece entender la libertad de expresión como una especie de dádiva (por ello resalta que diga “los gobernados”, como si se les otorgara y no fuese algo fundamental).
Es decir, la carta mostró el entendimiento que se tiene en la campaña sobre la libertad de expresión en uno de los países con más periodistas asesinados en los últimos años. Es como si se hubiera escrito en un contexto distinto, en el que México no vive una crisis de violencia contra sus periodistas.
Y, aun así, aunque se tratase de otro contexto, el mensaje resultaba igual de raro. Son pocos los países verdaderamente democráticos en los que un candidato o gobernante le habla así a los medios. (Estados Unidos es quizás el caso más reciente de involución democrática: se pasó de un gobierno abierto ante los medios a uno que directamente los ataca y sugiere que la gente haga lo mismo.)
El equipo de Meade sin duda se dio cuenta de la gravedad de lo dicho en la carta, pues al día siguiente otro de sus voceros, Javier Lozano, salió a matizarlo. En un tuit escribió lo siguiente:
En el equipo de @JoseAMeadeK respetamos la libertad de expresión y el derecho a la información. Si advertimos alguna falsedad o inexactitud en la información, procederemos a su aclaración SOLO en términos de la Ley del Derecho de Réplica y NO por otra vía. pic.twitter.com/oP4rHsLYsv
— Javier Lozano A (@JLozanoA) 12 de enero de 2018
Pero el daño ya estaba hecho. (Y la explicación no fue del todo convincente, ya que Lozano dijo que lo que buscarían era un derecho de réplica, cuando Animal se los dio en el momento en que publicó su primera carta.)
Más allá de lo preocupante por sí solo, el caso de Meade sirve para ilustrar un punto fundamental: la torcida relación entre políticos y prensa y el torcido entendimiento de primeros y segundos sobre su relación y trabajo. Expliquémonos.
En los países que tienen periodismo de investigación sólido y amplio, se espera que los medios sean quienes vigilen a los gobernantes. Que sean, junto con la sociedad civil, quienes les exijan rendición de cuentas sobre su trabajo y que revelen tanto lo bueno como lo malo. En particular esto último: al ser el guardián de la ciudadanía, la prensa está obligada a mostrar todo lo que no funciona dentro de los gobiernos de su país.
Hablar, entonces, de un derecho limitado es sostener que el periodismo debe ser limitado e incluso censurado. Cierto, no es lo mismo lo que se hace pasar por periodismo y en realidad son fotos de paparazzi o clickbait que una investigación seria. Pero englobarlo a todo en lo mismo es en efecto peligroso: amenazar a alguien por hacer su trabajo, en particular en temas de prensa, es una visión incluso hasta autoritaria de la relación gobierno/medios.
Pero Meade no está solo. Andrés Manuel López Obrador y Jaime “El Bronco” Rodríguez, ambos también precandidatos a la presidencia, comparten visión con el precandidato priista, en cuanto a que su entendimiento sobre el papel que debe ejercer la prensa en términos de vigilancia es muy limitado o nulo. En el caso de López Obrador, en varias ocasiones ha acusado a medios, nacionales e internacionales, de amañar o trucar encuestas, e incluso de mentir sobre él y su patrimonio, al grado de que llegó a amenazar a The Wall Street Journal por una nota respecto a su #3de3. (Esto es tema para otro día, pero también muestra un entendimiento muy precario del sistema legal; para demandar a un periódico estadounidense tendría que hacerlo allá, donde la ley protege de manera amplia a los medios frente a quienes los demandan. Quizá por eso es que dos años después la declaración de AMLO se quedó en eso, en declaración)
En tanto “El Bronco”, en su conocida pelea con El Norte, la edición norteña de Reforma, ha hablado desde vetarlos y no permitirles preguntas hasta hacerles una auditoría para revisar de dónde venían los ingresos del periódico. Quizás éste sea el ejemplo más claro de cómo entienden los políticos el papel de la prensa: al publicar algo que no le gustó, “El Bronco” estuvo a nada de utilizar las herramientas estatales –las cuales no son su propiedad, sino son parte de un sistema de representación de los ciudadanos– para hacerle una auditoría tanto al diario como a quien lo maneja. Esto, no sobra subrayarlo, está mal. El poder no es para usarse con fines personales. Y la prensa no está en condición –o más bien, no debe estar en condición– de actuar de manera servil frente a los gobiernos.
El otro asunto es que, mientras políticos no entienden los derechos y el papel que juega la prensa, algunos medios en efecto han utilizado su poder –porque ellos también lo tienen– para mal. Ahí está el caso de Ricardo Anaya y El Universal. El hoy precandidato presidencial del así llamado Frente ganó una demanda al periódico y el resultado fue que se le obligó a El Universal a hacer una aclaración de las múltiples notas –hasta trascendidos sin fuente– en los que se le acusaba de haberse hecho de dinero de manera ilícita. El caso está en proceso de apelación, por lo que El Universal todavía no está obligado a resarcir el daño, pero por lo pronto un juez le dio la razón a Anaya respecto a lo publicado por el periódico.
Así tenemos un panorama complicado para la relación entre medios y políticos no sólo dentro de la campaña de este año sino en el sexenio próximo, cuando le toque gobernar a uno de los precandidatos actuales. Si los políticos ven a los medios como un camino o, valga la redundancia, un medio, y los medios ven a los políticos de la misma forma, como una manera de acrecentar su propio poder o su propia riqueza, sucede lo que siempre decimos en este espacio: quienes más sufren son los ciudadanos, que aspiran a ser gobernados por gente honrosa y hábil, e informados por… gente honrosa y hábil, cuyos valores deberían distar de los que vemos tan seguido en nuestro pequeño periodismo mexicano.
Lo deseable sería que todos recapacitaran en la relación; los políticos en su maltrato y uso de una herramienta que debe tener un objetivo social, y la herramienta que, en vez de informar al ciudadano, extorsiona al político para obtener dinero en lugar de lo que debería ser su objetivo: los lectores.
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