Por Esteban Illades
Terminada la celebración presidencial del lunes pasado, el gobierno enfrentó una nueva crisis casi de inmediato: centenares de elementos de la Policía Federal, que deberá ser absorbida por la Guardia Nacional en un plazo no mayor a 18 meses, protestaron por el cambio.
Los policías, así como otros elementos de esta corporación fundada a principios de este siglo por el entonces gobierno panista, se han quejado de dos temas en particular.
El primero es el manejo administrativo de su cambio a la Guardia. Según los policías, hasta ahora es que se les dio información sobre lo que sucederá, a pesar de que el gobierno anunció este proyecto desde la transición del año pasado. Y la información que se les dio no les gusta nada.
Entre otras cosas, han señalado que perderán el “bono de operatividad”, que no es otra cosa que un complemento a su sueldo que se les da por estar desplegados en operativos. El gobierno ha argumentado que el bono ya no es necesario pues los operativos dejarán de realizarse; sin embargo, la Guardia Nacional, que entró en operación la semana pasada, lo hizo justamente con operativos en Veracruz. Menos sueldo por hacer lo mismo.
A esto hay que agregar la disparidad en los sueldos mismos: los militares que ingresen a la GN seguirán operando bajo esquema militar en cuestión de prestaciones laborales, las cuales son muy superiores a las de la PF. Los policías exigen que no haya trato diferenciado, que de por sí hay en la relación diaria entre ambos. Los militares, según los policías, les cobran desde cosas tan básicas como comida, y no les dan colchones para dormir mientras ellos sí tienen los suyos. Tan profundo es el problema.
Otra cosa es qué sucederá con los policías que no quieran ingresar a la Guardia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha dicho que el traslado es voluntario, y que de no hacerlo los policías pueden optar por unirse a otras agencias del gobierno; entre ellas está el Instituto Nacional de Migración, o la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero los policías no piden eso, porque ellos son parte de un servicio profesional de carrera y les preocupa que el trabajo en otras partes del gobierno no respete eso. Que todo lo que han construido tras su paso por la Policía Federal termine en un trabajo que puedan perder de un momento a otro sin tomar en cuenta su larga carrera en la PF.
El segundo asunto es lo que consideran la militarización del país. Diversos policías que han dado testimonio a medios de comunicación han dicho que no quieren formar parte de una corporación militar; que no se unieron a la PF, un cuerpo civil, para luego terminar en uno militar. Y que no sólo eso, que les preocupa que se le asignen al Ejército y a la Marina, formalmente, las tareas de seguridad que deben recaer en la policía, sea federal, estatal o municipal. A pesar de que el presidente y su partido prometieron que la Guardia sería un cuerpo civil, pues estaría bajo el mando de… un civil, en términos de operación la Guardia es totalmente militar. Son militares los que entrenan a sus integrantes, son militares los que fabrican sus equipos, son militares las instalaciones en las que viven.
Y eso no es lo que les prometieron.
El conflicto se agravó y se ha convertido en algo político. En un principio era exclusivamente laboral: los policías, por ley, no pueden abandonar el puesto ni manifestarse. Mucho menos formar sindicatos o llamar a huelga. Pero quienes hoy protestan lo hacen por considerar injusto lo que sucede.
¿Y quiénes estuvieron protestando? He ahí otro punto de conflicto. Los policías no tienen un líder definido, y los voceros son varios. Parece haber una agenda en común, pero también otra particular. Por eso el caos cuando uno de ellos pidió que Felipe Calderón los representara: algunos desconocieron la vocería de la policía, otros dijeron estar a favor. Tampoco sabemos exactamente cuántos han sido.
El gobierno, por su parte, ha atizado el fuego.
En lugar de desactivar las protestas desde el discurso –con todo y que se ha sentado a mesas de diálogo–, en público se ha dedicado a pelearse con los manifestantes. El presidente ya dijo que su queja no es justa, y que serán despedidos. El secretario de Seguridad dijo que hay “mano negra” detrás de lo que sucede, y que todo esto de que se trata de un problema laboral es falso, que alguien orquesta a los disidentes.
Ambos están en libertad de opinar lo que quieran, pero tratar así a quienes se encargan en la práctica de la seguridad del país no sólo es contraproducente, sino peligroso: lo que menos queremos es una repetición de lo que ocurrió a principios de la década pasada, cuando el narcotráfico reclutó a los GAFEs, los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, que terminaron por convertirse en nada más y nada menos que los Zetas.
Así las cosas, hay un grupo de policías federales que no ve claro su futuro, que se siente maltratado por la autoridad y que busca una solución a su problema. Dentro de ese grupo también hay gente que tiene intereses ideológicos y políticos y que aprovecha la situación.
Del otro lado hay un gobierno que no previó la descomposición en la creación de la Guardia Nacional y ahora ha tenido que resolver una nueva crisis que, para variar, creó por sí solo.
Esta mañana, el presidente anunció que el conflicto estaba en vías de resolverse. De ser cierto, es una buena noticia que haya reculado y entendido el daño que podría haber causado por maltratar a quienes se encargan de protegernos a los mexicanos.
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