Por Esteban Illades
Dentro de las ya múltiples reformas constitucionales que se han planteado en el Congreso tras la llegada de Morena al poder, la más reciente comenzó su proceso de aprobación la semana pasada. Se trata de la famosa revocación de mandato, que ha generado mucha polémica por lo que algunos ven como un ejercicio de mayor democracia y lo que otros ven como un intento encubierto para que el presidente comience el camino a la reelección.
¿A quién creerle?
De inicio, el concepto de revocación de mandato no es una mala idea, en particular cuando el gobernante es elegido por períodos largos. Como en México, donde el presidente dura seis años en el encargo. La idea de la revocación, como ha sido planteada a lo largo del tiempo, es que el electorado pueda o refrendar su apoyo al proyecto gobernante, o quitárselo y obligarlo a que ceda el poder a alguien más. En ese sentido no parece haber democracia más directa que ésa: el pueblo pone, y el pueblo quita, por decirlo en los términos que tanto se usan en la política mexicana.
Sin embargo, la revocación de mandato tiene muchos asegunes. El primero es cómo se plantea. Los encuestadores dirán, con razón, que la manera en la que se formula una pregunta hace toda la diferencia. Lo vimos en las consultas de Morena durante la transición: no es lo mismo decir “¿Está usted de acuerdo con X o con Y?” a decir “X es mucho mejor idea que Y, ¿está usted de acuerdo?”, por poner un ejemplo. Para que una revocación de mandato funcione en verdad, la pregunta debe ser lo más neutra posible y evitar inducir al votante hacia una opción o la otra.
El segundo es quién la plantea: a nivel local –porque la revocación de mandato tiene mucho mayor juego ahí; en América los únicos países que cuentan con el mecanismo a nivel federal son Bolivia, Ecuador, Venezuela y quizás México pronto– la revocación de mandato puede ser planteada por los ciudadanos mismos. La idea es que cuando un grupo suficientemente nutrido, que represente a una porcentaje determinado del electorado, junte las firmas necesarias, pueda conseguir que la revocación del ejecutivo sea llevada a las urnas. Que sean los ciudadanos quienes decidan si usarla o no.
En el caso de México no sería así, aquí sería el presidente mismo quien decidiría someterse o no a la revocación. Ésta es una cuestión importante: un presidente no se va a someter por voluntad propia a una revocación a sabiendas de que la va a perder, al menos de que sea un santo. No tendría sentido político alguno. La revocación, aplicada así, es más bien un instrumento de consolidación de poder. Es una manera de reafirmar apoyo.
Lo que nos lleva a un tercer punto: cuándo se organiza.
La propuesta que circula esta semana por el Congreso plantea que la consulta de revocación se dé el mismo día que las elecciones intermedias de 2021, en las que diversos estados eligen gobernadores, alcaldes y congresistas locales, y en las que a nivel federal se renueva la Cámara de Diputados –no la de Senadores, cuyo período es de seis años–. De plantearse una revocación de mandato en esa misma fecha, podría haber un problema, dependiendo de la popularidad del partido en el poder. De un lado, si el presidente mantiene altos índices de aprobación, tenerlo “en la boleta”, por decirlo así –su nombre estaría implícito o explícito, estaría uno votando a favor o en contra de él– podría darle una ventaja artificial a su partido camino al Congreso. Más gente iría a votar y lo haría por el partido de mayoría de darse esta situación. Sería una muestra de apoyo.
Pero lo mismo podría suceder del otro lado: si el gobierno sufriera una caída estrepitosa de popularidad, la oposición podría beneficiarse con la revocación de mandato. Porque más gente iría a censurar al presidente si se tratara de este caso.
(Salvo que, como ya vimos, el proyecto actual plantea que el presidente active el proceso; es lógico pensar que no lo haría si estuviera en riesgo de perder la votación.)
Por último está la queja opositora que dice que la revocación del mandato allana el camino a una posible reelección: si se plantea en las intermedias la permanencia del presidente, nada quitaría que al terminar el sexenio se hiciera la misma pregunta, o eso es lo que se argumenta. Este último punto no tiene sostén empírico en México, dado que es la primera vez que se haría una reforma de este tipo en nuestra historia moderna. Los opositores piensan en Evo Morales o en Hugo Chávez, quienes gustaban de consultar “al pueblo” para tomar este tipo de decisiones. Éste es sin duda el argumento más débil en contra de la revocación.
En general, la revocación de mandato no es mala idea, pero necesita de controles estrictos para que cumpla su verdadero propósito democrático y no sea una herramienta gubernamental para inflar números y apoyo. Lo ideal sería que, de aprobarse, se hiciera en términos muy claros y poco electoreros: que se aprobara de tal manera que la población fuera quien decidiera si llevar a cabo el proceso o no, no el presidente. Que se hiciera en una fecha distinta a la de la elección intermedia para evitar que influyera en la votación por diputados o gobernadores. Y que la pregunta fuese lo menos sugestiva posible: que no indujera a una u otra opción.
Sin embargo, no parece ser el caso. La revocación de mandato avanza por el Congreso más como herramienta política que como verdadero instrumento democrático. Ya es costumbre cerrar Con peras y manzanas así: ojalá se rectifique. Aún hay tiempo.
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