Por Esteban Illades
Un día antes de su primer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó un pañuelo blanco y lo ondeó al mismo tiempo que declaraba el fin de la corrupción. Una de las promesas más grandes de su campaña, que se terminaría con uno de los males más persistentes en la administración pública del país, había sido cumplida, según él.
“Ya puedo decirles aquí con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción arriba, puedo sacar hasta mi pañuelito blanco para decir ya no hay corrupción arriba”, dijo, según se recogió en distintas notas periodísticas.
Pero, ¿realmente se ha acabado la corrupción? Un día después de este anuncio, que pasó inadvertido entre tantos otros, e incluso frente al informe mismo, donde la discusión más fuerte –y más inútil– fue sobre por qué decía “Tercer informe de gobierno” y no “Primer informe de gobierno”, el presidente dio un espaldarazo a Manuel Bartlett. Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad este sexenio, quien tiene una larga estela de acusaciones en su contra. Se le vinculó con el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984, aunque nunca fue investigado oficialmente. Quienes tienen más de 30 años saben que él era el responsable de sobrellevar la elección presidencial de 1988, y que él fue quien anunció la infame “caída” del sistema en el proceso electoral menos limpio del México moderno.
El mismo director de la CFE que, se reveló la semana pasada en una investigación de Areli Quintero para el noticiero radiofónico de Carlos Loret, presuntamente posee más de 25 propiedades en la Ciudad de México, con un valor total mayor a los 800 millones de pesos.
Pero, a diferencia de otras acusaciones, aquí nadie se dio por enterado. Cuando el excomisionado presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, por ejemplo, fue señalado en conferencia de prensa mañanera, la primera reacción de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, fue decirle que pidiera licencia mientras se le investigaba (a García Alcocer luego lo dejaron de investigar, pero eso ya no fue digno de anuncio).
Acá no.
Acá la misma secretaria dijo, sin antes haber estudiado el caso, que la compra de todas esas propiedades no se dio en este sexenio, sino ocurrió cuando era ciudadano privado y no funcionario. Más allá de que el dicho no se sostiene –Bartlett ha trabajado para el gobierno desde la década de los 60, sólo con un sexenio fuera de él–, ya se prejuzgó su inocencia. Al estilo Virgilio Andrade.
Algo similar ocurrió con Carlos Lomelí, superdelegado del gobierno en Jalisco. A punta de investigaciones, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que el superdelegado se estaba beneficiando de contratos gubernamentales mientras ocupaba el puesto. Lomelí se negó a renunciar, y pasaron semanas hasta que pidiera licencia. Sin embargo, el exfuncionario dice que una vez terminada la investigación regresará a su puesto.
Tanta confianza tiene en su exoneración.
También vimos algo parecido con Layda Sansores, hoy alcaldesa de Magdalena Contreras, señalada durante la campaña por meter facturas personales a los gastos del Senado. A Sansores se le dio el espaldarazo y no se le investigó: en el informe estaba en primera fila.
O con Jaime Bonilla. A quien el domingo se le vio en segunda fila en pleno centro del público. El mismo que ahora lucha por ser gobernador cinco años en lugar de los dos por los cuales fue electo; asimismo, quien ha generado una crisis de gobernabilidad en Baja California. En lugar de pedir una nueva elección, el gobierno se mantiene en silencio respecto a los atropellos de Bonilla y el congreso local del estado. Alterar la ley para beneficio propio también es corrupción.
Eso sí, estamos viendo investigaciones contra actos pasados, que se dijo no se haría. En la campaña y ya en la presidencia, AMLO prometió borrón y cuenta nueva. No obstante, en los últimos días hemos visto cómo ha ido tras Rosario Robles y tras Carlos Ahumada, este último acusado de haber filtrado los famosos videoescándalos que tanto afectaron a López Obrador en su primera campaña presidencial. Investigaciones nuevas contra delitos viejos.
Así que, ¿ahora sí se acabó la corrupción?
No parece. En el sexenio pasado la respuesta ante cualquier acto era el famoso “No te preocupes, Rosario”. Había manga ancha para hacer y deshacer, para aparecer y desaparecer. Miles de millones de pesos acabaron en quién sabe dónde, y qué bueno que se investigue. Necesitamos saber qué ocurrió con todo ese dinero y debe determinarse quién fue responsable de su desaparición.
Pero en este sexenio estamos viendo, a nueve meses de su inicio, señales de que la corrupción ahí sigue. Aunque su fin se ha declarado, sigue asomándose. Si en verdad existe la voluntad de terminar con ella, deberíamos ver investigaciones serias contra los acusados de este gobierno, no sólo contra los acusados de los anteriores.
Porque declarar el fin no es lo mismo que presenciarlo. Las cosas no suceden por decreto ni por dicho; suceden porque alguien hace que sucedan. La corrupción desaparecerá no cuando nos digan que desapareció, sino cuando un funcionario no tenga un manto de impunidad como el que tuvieron otros durante décadas.
Mientras tanto, a las palabras se las lleva el viento.
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