Luego que habitantes de al menos 40 comunidades guerrerenses de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Eduardo Neri, realizaran movilizaciones en demanda de la salida del Ejército de la zona de la sierra, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, se comprometió a que desde hoy la vigilancia de la zona será sólo responsabilidad de la Policía Federal y la Marina.

Además de exigir que las autoridades actuaran en contra de la delincuencia organizada, los manifestantes acusaron a militares de diferentes agravios cometidos a la ciudadanía. La actuación de Astudillo no podía hacerse esperar: cerca de mil 500 personas conformaban la caravana que arribó a Chilpancingo. Luego de conseguirse el acuerdo, el contingente anunció el regreso a sus comunidades, sin embargo, tuvieron que pasar la noche en Chichihualco, esto bajo el resguardo de seguridad estatal y federal.

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Además de comprometerse a la salida del Ejército, el gobernador de Guerrero también aseguró que se iniciarán desde hoy las tareas de búsqueda del policía comunitario Gilberto de León Chipala, quien desapareció desde la semana pasada, esto luego de un enfrentamiento con supuestos sicarios. También Astudillo anunció la reconstrucción de caminos rurales y la rehabilitación de centros de salud en zonas de alta marginación.

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De acuerdo con La Jornada otro acuerdo fue permitir la creación de policías comunitarias en la región: “Uno de los dirigentes de los inconformes, quien pidió anonimato, indicó que una de sus exigencias es que el gobierno estatal autorice que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) se encargue de la seguridad en la sierra”.

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Hace unos días, Bruno Plácido Valerio, líder de la UPOEG, aseguró que resultado del enfrentamiento que el pasado jueves sostuvieron contra contra integrantes de la delincuencia organizada, un elemento de su policía comunitaria murió, mientras que  Gilberto de León Chipala sigue desaparecido. Para protestar por la incapacidad de las autoridades para dar respuesta a la situación, ese mismo día retuvieron durante más de cinco horas a elementos del Ejército, ya que -según los de la UPOEG- fueron los soldados quienes desarmaron a los comunitarios y, al parecer, algunos fueron entregados a delincuentes.

La presencia del crimen organizado no es exclusiva de la sierra de Guerrero, ya que al menos 50 escuelas en Acapulco han cancelado sus clases ante la creciente inseguridad y, principalmente, por amenazas de extorsión. Debido a esto, el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega anunció que se desplegará vigilancia en 120 planteles ubicados en las colonias Jardín, Zapata y Renacimiento del puerto.

*Vía La Jornada, Reforma

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