En junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, murieron 22 personas, después de un enfrentamiento con militares; sin embargo, 15 de esas personas fueron ejecutadas extraoficialmente, de acuerdo a testigos. El caso ha sido controversial desde el principio y las versiones de la PGR y CNDH nunca coincidieron. No sólo eso, aunque en mayo de 2016 se absolvió a los últimos tres militares involucrados en el caso, a principios de este año se sentenció a cuatro policías por torturar a los sobrevivientes y testigos del enfrentamiento.
Ahora, a más de tres años de la matanza, el caso será reabierto.
De regreso a Tlatlaya
¿Cómo es que será reabierto el expediente? Se le otorgó un amparo a una de las sobrevivientes y testigo de las ejecuciones y, mediante el mismo, se le ordenó a la PGR reabrir las investigaciones para ver si “existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y que con el fin de unificar la investigación de los hechos pueda ser acumulada a la que se encuentra bajo su cargo integrando”.
¿Y ahora qué sigue?
La PGR tiene 30 días hábiles para hacer todo lo que pueda para llenar los vacíos de la investigación; sin embargo, no pueden hacerlo al chilazo, ya que tiene que entregar un cronograma para establecer plazos y procesos a realizar. Principalmente, la PGR no ha realizado las diligencias que permitan identificar e investigar a quienes instruyeron la ejecución, dejando de lado la responsabilidad en la cadena de mando.