Lo anunciaron con bombo y platillo. El pasado lunes 26 de junio, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló en una conferencia de prensa que se había solicitado la ayuda de expertos internacionales para ayudar a esclarecer el caso #GobiernoEspía. De acuerdo con Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la PGR pidió ayuda al FBI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación Mundial de Operadores Móviles, la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional y hasta a Héctor Osuna, quien fungiera como titular del Instituto Federal de Comunicaciones, para resolver la trama de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la dependencia, también se solicitó el auxilio del Ministerio de Justicia de Canadá para que realizase las respectivas entrevistas con el equipo de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, una de las organizaciones encargadas de realizar el informe sobre #GobiernoEspía. Lo cierto es que hasta ayer, martes 27 de junio, el Gobierno Federal no había solicitado la colaboración del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos para indagar la presunta intervención ilegal a las comunicaciones de comunicadores como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, Rafael Cabrera y defensores de derechos humanos como Juan Pardinas y Mario Patrón. La embajada estadounidense en México aseguró que todavía no han recibido solicitud alguna para que el FBI interviniera en el nuevo escándalo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“No se tiene conocimiento de solicitud alguna de asistencia por parte del FBI. Si se hiciera alguna, esta se procesará conforme al Tratado Legal de Asistencia Mutua”, señaló una fuente diplomática de Estados Unidos al diario El Universal. En el primer artículo de este tratado se especifica que la asistencia internacional tendrá como propósito la prevención, investigación y persecución de delitos u otros procedimientos penales que estén dentro de la jurisdicción de quienes solicitan la ayuda. “No hay petición de asistencia al FBI y de hacerse, esta será evaluada en el marco del tratado que se tiene”, relató otra fuente de la embajada estadounidense en México.
