Sabemos apenas algunas cosas sobre el intento de espionaje por parte del Gobierno Federal a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos a través de un software llamado Pegasus, el cual infecta teléfonos celulares y puede brindar acceso total a sus contenidos. El programa que es capaz de espiar hasta a 500 personas de manera simultánea fue adquirido en 2014, cuando Jesús Murillo Karam era titular de la Procuraduría General de la República y Tomás Zerón era la cabeza de la Agencia de Investigación Criminal. Sin embargo, se acabó de instalar y entró en acción hasta que Arely Gómez asumió su cargo como procuradora. El costo de dicho software fue de más de 32 millones de dólares, pagados a la empresa Techbull S.A. de C.V., y el contrato, que data de noviembre de 2014, fue firmado por Zerón de Lucio. Pegasus fue utilizado para espiar, de igual manera, a miembros de la oposición. Después de que se destapara la cloaca, la PGR resolvió investigarse a sí misma y el presidente Enrique Peña Nieto declaró que él también se sentía espiado. Hoy, el caso #GobiernoEspía sigue dando de qué hablar.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó este viernes 28 de julio una nueva pieza periodística que echa luz sobre las irregularidades en el caso. De acuerdo con el reportaje, Carlos Cayetano Miguel, quien en actas apareció como dueño y administrador único de la empresa Tech Bull, los intermediarios en la venta del malware Pegasus, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca en un pueblo de la delegación Álvaro Obregón. Al momento de ser cuestionado por los periodistas sobre esta transacción, Cayetano indicó que nunca supo de esa transacción millonaria y que, además, no recibió ni un peso de ganancia. “Sabías que la empresa que fundaste vendió al Gobierno un malware por 32 millones de dólares”, le preguntaron al dueño legal de Tech Bull. “La verdad es que casi no veo las noticias, ni sabía”, contestó Cayetano. Según su testimonio, en el periodo que fue socio en la compañía —un año— no tuvieron encargado de ventas, no realizaron venta alguna y, por si fuera poco, indicó que ni siquiera supo que Pegasus se utilizó para espiar a periodistas y activistas.

#GobiernoEspía: activistas y periodistas son víctimas de espionaje por parte del gobierno
Foto: Shutterstock

Cayetano le dijo a los periodistas que hace “tres o cuatro años” le vendió sus acciones a alguien de quien ya ni se acuerda por un monto que tampoco rememora. Que ya no recuerda dónde vive el socio con quien conformó la empresa y que se le ha borrado de la cabeza cualquier dato que sirva para localizarlo.

Mexicanos Contra la Corrupción solicitó una entrevista con el área de comunicación social de la PGR para conocer en qué condiciones se contrató a Tech Bull, pero no tuvieron respuesta alguna. La investigación señala que este grupo se constituyó el 10 de octubre de 2013 en la Ciudad de México con un capital de 50 mil pesos y que, solamente un añito después, le vendieron el malware espía Pegasus a la PGR en un monto de 32 millones de dólares. La empresa nació el mismo día que Cayetano Miguel, entonces de 26 años, se titulaba como contador público en el Instituto Politécnico Nacional. El otro socio de la empresa responde al nombre de Jorge de Jesús Sánchez, un técnico en informática egresado del Conalep del cual no se tienen antecedentes empresariales en el registro público. Cada uno de los socios aportó 25 mil pesos para conformar la empresa y no 3 mil como indicó Carlos Cayetano.

Ahora chéquense el objeto social de la empresa Tech Bull: “compra-venta de todo tipo de instrumentos y servicios de seguridad, incluido equipo táctico y de inteligencia, radares, torres de vigilancia, unidades móviles de videovigilancia y grabación, aviones no tripulados a control remoto (drones), vigilancia en aeronaves, sistemas para detección de armamento y explosivos, traslado y custodia de valores e instalación de blindajes”. Cuando los periodistas de MCCI le preguntaron al empresario cómo se le ocurrió constituir una compañía con ese giro tan sofisticado en materia de seguridad, el socio fundador, sin experiencia comprobable en el tema, contestó: “Fue así de ‘vamos a hacer una empresa’“.

¿No les suena raro que la PGR le haya comprado este sofisticado equipo de espionaje israelí a una empresa que se acababa de crear, que no tenía experiencia en el tema y que, de acuerdo con las propias declaraciones de uno de los socios, antes de ese contrato no había logrado ninguna venta?

Carlos Cayetano, socio de la empresa que vendió el software Pegasus
Carlos Cayetano Miguel, socio de la empresa Tech Bull, la cual vendió el software Pegasus a la PGR. Foto: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

El contrato entre ambas partes fue firmado por Tomás Zerón de Lucio, a quien se ha señalado por manipular evidencia del caso Ayotzinapa, y Luis Armando Pérez Herrero, un ingeniero en sistemas proveniente de Hidalgo que apenitas se había incorporado a Tech Bull como apoderado legal. Este personaje, a la hora de recibir el poder legal, aseguró ante un notario que su domicilio estaba en la avenida Tamaulipas, en el pueblo de Santa Lucía, también en la delegación Álvaro Obregón. Sin embargo, la dirección referida corresponde a cinco comercios y cuatro viviendas que pertenecen a una familia; por aquellos lares ningún vecino conoce ni pudo identificar a Pérez Herrero. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, el primer domicilio de la empresa estaba ubicado en la calle de Homero, en Polanco, en un edificio de “oficinas virtuales”. En este mismo lugar estaban inscritas dos empresas fantasmas de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

La empresa Tech Bull, de acuerdo con filtraciones de Wikileaks, es una filial de Balam Seguridad Privada, creada en mayo de 2012 por Asaf Zanzuri, de origen israelí. A esta empresa se sumó como socio, en enero de 2013, Rodrigo Ruíz de Teresa Treviño, sobrino de Guillermo Ruíz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y exlíder político del Partido Revolucionario Institucional. Según el reportaje de MCCI, Balam, junto con Tech Bull, acapararon contratos de casi todas las dependencias de seguridad del Gobierno Federal. En los correos filtrados por Wikileaks, Ruíz de Teresa aparece como director de Balam. En un mensaje enviado por Pérez Herrero en noviembre de 2014 —un mes después de haberle vendido Pegasus a la PGR— a la empresa italiana Hacking Team, también dedicada al espionaje, se describe a Balam y su filial como “la número uno en la PGR y la Marina”, además de tener presencia en todas las dependencias de seguridad en México.

Nuestros mejores clientes son la Marina mexicana, la PGR, el Cisen, la Policía Federal y una gran cantidad de procuradurías, incluyendo la del Estado de México (…) acabamos de vender a la PGR el sistema NSO Pegasus“. Rodrigo Ruíz de Teresa ha sido señalado como el principal negociador con la procuraduría dirigida por Murillo Karam, Arely Gómez y actualmente en manos de Raúl Cervantes Andrade. El sobrino de Guillermo Ruíz de Teresa, cercanísimo al priista Emilio Gamboa, quien a su vez es uno de los legisladores más pegados a EPN, también intervino en las negociaciones para abastecer con equipos de seguridad a, al menos, cinco estados de la República Mexicana (Edomex, Chiapas, Puebla, Baja California y Michoacán). Mexicanos Contra la Corrupción entrevistó al empresario Rodrigo Ruíz de Teresa: durante la charla, este negó que Tech Bull hubiese pertenecido a Balam, además de que sus datos personales y catálogo de productos habían sido utilizados sin su permiso.

Su nombre aparece en el contrato firmado con la PGR en 2014.

Rodrigo Ruíz de Teresa en compañía del presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Twitter

En una primera charla, Ruíz de Teresa, quien ha sido descrito por los medios de sociales como “uno de los empresarios más guapos y exitosos de México“, reconoció que sí conocía a la gente de Tech Bull y que sí había hecho negocios con ellos para la compra de cámaras de seguridad. Ruíz de Teresa canceló, apenas unas horas antes, una entrevista en la cual se hablaría sobre el supuesto robo de datos y el hecho de que la empresa se presentaba ante firmas internacionales como filial de Balam. El empresario argumentó que lo hacía por “razones de seguridad”. Por su parte, Carlos Cayetano Miguel aseguró que no conocía a Balam ni a Rodrigo Ruíz de Teresa. Un mes después de la firma del contrato con la PGR, Cayetano renunció a su posición como administrador único de la empresa y, en su lugar llegó Pérez Herrero, aquel que firmó el contrato junto con Tomás Zerón.

Zerón de Lucio, quien ha ocupado puestos de alta responsabilidad en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Policía Federal Preventiva y la misma PGR durante los últimos diez años, es señalado como uno de los principales responsables en la adquisición de Pegasus. Según emails filtrados por Wikileaks, el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional sólo confiaba en este malware para “cumplir su tarea” ya que desconfiaba de otros sistemas de espionaje. La compra de Pegasus se hizo bajo los criterios de “riesgo y urgencia”, por lo cual el contrato se habría adjudicado de manera directa o una invitación a, cuando menos, tres empresas. La pregunta vuelve a surgir: ¿por qué asignarle un contrato así a una empresa que acababa de ser creada, con oficinas virtuales y sin experiencia en materia de seguridad nacional?

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