El día de ayer, el abogado Luiz Pérez de Acha y Darío Ramírez, director de la organización por la libertad de expresión y libre prensa, Artículo 19, entregaron una petición al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que el organismo confirme “si la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos de 2010 hecha por Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, es verdadera”.
La idea es sencilla: lo que la primera dama declaró ante las cámaras de televisión no tiene carácter legal y, hasta donde sabemos, pudo haber dicho un montón de cosas no corroboradas ni corroborables. En todo caso, existe una base de datos oficial que podría respaldar lo que dice “La Gaviota”: aquella que contiene todas las declaraciones de impuestos por bienes patrimoniales y propiedades declarados ante el SAT. Si los datos ofrecidos por Rivera en su video no están respaldados por estos datos, entonces ocurre una de dos cosas: o bien está mintiendo, o bien, no declaró ni contribuyó nada por su millonario sueldo, lo que es ilegal.
Hace unos días, Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, dio por cerrado el asunto al decir “Ya se aclaró lo que se tenía que aclarar”. Pérez Acha opina diferente y desde su punto de vista:
“No podemos dar los casos por cerrados. Puede estar cerrado mediáticamente, pero no legalmente [puesto que) existe la sospecha de tráfico de influencias y corrupción”.
Pérez Acha tiene experiencia al exigir y lograr el esclarecimiento de casos de esta naturaleza. La organización a la que pertenece, Mexicanos Primero y Causa Común consiguió que, por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisara la inconstitucionalidad del gasto público federal (derroche, opacidad y corrupción).
“[Queremos] verificar si fueron pagados en tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, de acuerdo a su declaración, recibió la señora Angélica Rivera; también, si las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación que hizo pública, son verdaderos”.
Aunque estos chicos prevén que el SAT rechace la petición, apelando que tal información es privada, planean argumentar que, puesto que Angélica Rivera expresó su voluntad de hacerla pública, tal debería ser el caso. En caso de que el SAT rechace tal argumento, Ramírez y Pérez de Acha están dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte.
En todo caso, la idea es sencilla y nada descabellada: el SAT puede y debe corroborar públicamente lo que la primera dama dijo sobre su casa. Nadie podría oponerse a un esclarecimiento público y legal del asunto.
