La Ciudad de México está a pocas semanas de estrenar Constitución propia. El documento será redactado, discutido y promulgado por la Asamblea Constituyente a más tardar el 30 de enero de 2017. La confección del texto no se ha salvado de polémicas como las propuestas del uso de monedas barriales, obligar a los funcionarios a usar el transporte público o cambiarle el nombre a la Ciudad porque las siglas CDMX se asemejan al número de la bestia.
Uno de los puntos de la Carta Magna capitalina que ha generado más confusión y molestia entre la ciudadanía es el artículo 21, propuesto directamente por el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera. En dicho artículo se estipula que “los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”.
La ley propone regular los recursos para su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y zonas degradadas de la Ciudad de México. La propuesta—bastante abstractita—se ha perdido entre tanta ambigüedad, y ha despertado un debate en el que todavía nadie se pone de acuerdo: algunos comunicadores han considerado la medida estipulada en el polémico artículo como el final de la propiedad privada en la CDMX y casi casi obra del demonio comunista; mientras que diversos expertos defienden que podría ser una política pública bastante necesaria para una megalópolis en la que estructura y servicios están por los suelos.
PENSABAN QUE SE HABÍAN LIBRADO DE MÍ, EHHH
El pasado jueves 1 de diciembre, se lanzó una petición a través de la plataforma Change.org —que ya cuenta con más de 40 mil firmas a favor— para instar a Mancera a dar marcha atrás al artículo 21.
No importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble, todo el margen de valor que aumente con los años, comúnmente conocido como plusvalía, será propiedad y parte de la riqueza del Gobierno de la Ciudad de México, y según esto, serán usados para restaurar los ecosistemas de la Ciudad, es decir, ADIOS A LA PROPIEDAD PRIVADA!!!
La solicitud fue apoyada por miembros de la farándula y política como Pati Chapoy, Polo Polo, Enrique Burak, José María Yázpik, Claudio X. González y la comunicadora Lilly Téllez, quien señaló que en unos años el Gobierno de la CDMX será dueño del 80 o 90% de los inmuebles y que, de aprobarse este artículo, el rumbo de la capital mexicana se asemejaría al de Cuba.
Algunos políticos, como el diputado priista César Camacho, dijeron que el planteamiento propuesto por el Jefe de Gobierno es “insostenible” en un régimen democrático, así como un peligro contra la propiedad privada. El panista Santiago Creel se decantó en el mismo sentido, afirmando que su partido se opondrá por todas las vías legales a la aplicación de la plusvalía como un nuevo impuesto.
Mancera se pronunció sobre el polémico artículo este miércoles 7 de diciembre, afirmando que no se creará ni cobrará un nuevo impuesto; y solicitó a la Asamblea Constituyente —motivado por las interpretaciones erróneas y confusiones— reemplazar la redacción del punto con la de los artículos 122 constitucional y 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Por su ambigua redacción, el artículo 21, inciso C, fracción 7 del proyecto de la Constitución capitalina ha sido catalogado por sus opositores como una política confiscatoria que atenta contra los principios de la propiedad privada. La inclusión de la palabra ‘plusvalía’ en el artículo ha ayudado también a generar confusión entre los ciudadanos más conservadores, ya que relacionan directamente el concepto con marxismo, comunismo y lo que se agregue.
Y a todo esto, ¿de qué se trata la propuesta?
Lo más correcto y equilibrado sería referirse al mecanismo estipulado en la propuesta de Mancera con los términos técnicos “captura de valor” o “contribución por mejoras”, en lugar de captura de plusvalía, de acuerdo con la experta Mónica Tapia, maestra en Planeación y política social. A diferencia de lo que se intuye en la percepción popular, el mecanismo es usado en varias ciudades del mundo (el metro de Tokio fue financiado bajo este esquema y en Washington se construyó vivienda de interés social con esos recursos) y siete estados de la República Mexicana.
La política de la captura de valor no tiene su origen en la guerrilla, ni en la revolución marxista (para los que creen que, en caso de aprobarse, la CDMX se convertiría en las peores versiones de Venezuela o Cuba); sino que procede del Banco Mundial, según la especialista y miembro del colectivo independiente Tú, Constituyente. El mecanismo que le ha puesto ‘los pelos de punta’ a más de una buena conciencia es un instrumento fiscal con el que se busca financiar obras y servicios públicos.
La idea es simple: las intervenciones públicas, las inversiones en infraestructura y los cambios de uso de suelo que realiza el gobierno y que no se deben a las acciones del propietario del inmueble, traen consigo un aumento en el valor del área por brindar mayor accesibilidad a la zona, permitir mayores volúmenes de construcción o servicios. Con la medida se pretende que las autoridades capitalinas recuperen el valor agregado de la propiedad, para reinvertirlo en otros beneficios públicos o para recuperar la inversión de los proyectos.
Los creadores de “¿por qué no podemos ser como una ciudad de Europa?”, presentan: “la captura de plusvalías matará la propiedad privada”
— José Merino (@PPmerino) 5 de diciembre de 2016
El activista y politólogo Andrés Lajous recomienda a los que consideran que la medida es comunista y podría terminar en un estado comunista, que revisen la constitución de Aguscalientes o el código urbano de Querétaro para que se den un quemón de cómo el mecanismo de captura de valor los ha convertido en cunas de la expropiación a los empresarios indefensos y territorios de tradición marxista.
Y a todo esto, ¿en qué queda la discusión?
A pesar de que, en teoría, este tipo de políticas públicas pueden ser verdaderamente benéficas para una ciudad—no se puede negar que la lana necesaria para mantener infraestructura y servicios públicos nunca va alcanzar para una ciudad tan gigante como la CDMX—, las decisiones que se han tomado en la Ciudad de México no han sido las mejores.
Por el momento, la propuesta de Mancera para obtener este tipo de fondos por medio de la captura de valor ya quedó desechada. Pero la discusión, seguramente, seguirá.
Aunque una propuesta como ésta podría ser estupenda—si se implementa adecuadamente, con buenos mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, etcétera—no es de sorprenderse que la gente reaccione tan mal frente a ella, pues en nuestro Mexiquito querido siempre quedará la duda: ¿Y pos esa lana sí va a ir a donde dicen, o, de nuevo, se les va a los bolsillotes de los que las proponen?