A unos días de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto siguen sin resolverse las detenciones arbitrarias.
Durante la toma de protesta de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, aseguró que los agentes federales no habían provocado a nadie, “es evidente la manera en que se condujeron todos los que crearon grandes desmanes y grandes problemas en la ciudad. […] Los hechos hablan por sí solos (pues) los detenidos estuvieron bien organizados y eso es lo que hay que investigar”.
Después de estas declaraciones, en entrevista con MVS, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal dijo que asumiría responsabilidad y se haría cargo “de personas que pudieron haber sido detenidas sólo por estar en el lugar de los hechos”, dijo que estos casos son tema prioritario y que prevé que para el domingo queden resueltos.
Afortunadamente para los detenidos, una liga de abogados se ha conformado con el fin de defenderlos, ellos ya han tenido oportunidad de aportar pruebas y señalar contradicciones de los policías. Sin embargo, muchos de los detenidos siguen en un estado jurídico preocupante
Gente que iba a comprar un celular como Elizabeth Saraí, de 21 años de edad, gente cuyo trabajo estaba justo en el lugar de las detenciones o que sólo sacaba fotos, enfrentan hoy acusaciones directas por haber “destruido semáforos y haber lanzado bombas Molotov”. Elizabeth Saraí, junto con diez jóvenes más se encuentra ya recluida en Santa Martha Acatitla. Judith Gómez Contreras fue detenida sin razón, Jessica Viviana Reyna Camargo fue detenida sin razón, Regina López Martínez fue detenida sin razón, Édgar Adrián Pasarán fue detenido sin razón, Alejandro Sandino Jaramillo fue detenido sin razón, Mariana Muñiz Nieto fue detenida sin razón.
Muchos videos, fotos y testimonios apoyan la versión de que aquellos que causaron daños fueron grupos de choque, lo cual debe ser inmediatamente aclarado para resolver la situación jurídica de los detenidos porque el artículo 362 del Código Penal apunta que se impondrán de cinco a treinta años de prisión a quien, mediante el uso de sustancias tóxicas, fuego o inundación, realice actos en contra de las personas o edificios públicos. Hay que apuntar también que dicho artículo propone la misma pena para quien “menoscabe la autoridad del gobierno federal”.
Es de hacer notar lo “alarmados” que están los encargados de repartir justicia por los vidrios rotos y semáforos quemados, es decir, grupos de choque o no, los jóvenes detenidos fueron procesados con una velocidad apabullante, fueron detenidos con una eficacia brutal (literalmente) y ahora pueden enfrentar 30 años de cárcel, por haber causado una “injustificable violencia” mientras que allá afuera, lejos de la protesta, de la exigencia de derechos y la libre expresión, están los descabezados, los secuestrados, los arrastrados por la vorágine económica y sus victimarios no reciben la “rápida atención” que recibieron los jóvenes del primero de diciembre.
Chomsky escribió que los estadounidenses nunca lograron dar una definición oficial de qué es el terrorismo, pues no podían decir que el terrorismo consistía en causar violencia contra otro Estado para imponer una ideología y desacreditar sus instituciones porque ellos serían los primeros en ser condenados. Y si no lograron dar con una definición es porque lo único que hubiera sido consistente con sus actos era afirmar que “el terrorismo es todo aquello que nos violente a nosotros”.
Pasa lo mismo con el concepto de violencia que parecen tener nuestras autoridades: violencia no es la masacre de la guerra contra el narco, no lo es tampoco la sistemática privación de oportunidades para los jóvenes o el uso incorrecto de la fuerza pública, violencia es todo aquello que (con fuego o sin él) menoscabe [critique, confronte] la autoridad del gobierno federal.
Por: Luis Miguel Albarrán (@Perturbator)