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Policía implicada en la tortura de Lydia Cacho es liberada

“Como si no hubiese cambiado el sexenio”, escribió Lydia Cacho al compartir el reporte de Artículo-19… y es que sí: de no mucho sirvieron las disculpas del gobierno federal, si los responsables de la tortura de la periodista siguen en libertad. Y, peor aún, se libera a los pocos detenidos que había. “La impunidad rampante”.

De acuerdo con Artículo-19, la magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, excarceló a la policía judicial de Puebla, María Irene Arteaga, debido a que ésta “no puede ser penalmente responsable por el delito de tortura toda vez que ella ‘solamente’ atestiguo dichos actos cometidos por terceros pero no los cometió directamente.

Lo anterior, como bien señala la organización internacional, es una contradicción abierta a la legislación que era aplicable por la fecha en que se cometió el delito en contra de Lydia Cacho. Según el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Quintana Roo (ya abrogada)…

Las penas (…) se aplicarán al servidor Público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el Artículo Tercero, instigue, cometa o autorice a un tercero o se sirva de él para infringir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o no evite que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia.

Foto: Cuartoscuro.

La magistrada que ordenó la libertad de la policía mencionada es la misma que hace más de un año dictó las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marin, y el empresario Kamel Nacif, por el delito de tortura en contra de Lydia Cacho. Con este dato, Artículo-19 no deja de sorprenderse por las omisiones de hechas por la magistrada para determinar la liberación de la policía.

Decisión podría dejar precedente negativo

La liberación de la policía judicial de Puebla, considera Artículo-19, no sólo afecta el acceso a la justicia de Lydia Cacho, sino que podría dejar un precedente que permitiría que otros funcionarios corresponsables del delito de tortura la libren sin mucha bronca. “Debemos dejar en claro que la omisión de funcionarios públicos para frenar o denunciar la tortura cometida por terceros sí los hace responsables de este delito”, remarca la organización que vigila la libertad de expresión y el derecho a la información.

Nomás para aclarar, la decisión de la magistrada no cambia la situación del gober Precioso ni de Kamel Nacif. Ambos siguen con órdenes de aprehensión… y como que ya las autoridades se están tardando.

¿Y la orden de aprehensión? Reportan que Mario Marín anda de fiesta en Puebla