El 22 de agosto del 2010 los cuerpos de 72 personas fueron encontrados en el ejido El Huizachal del municipio tamaulipeco de San Fernando, ejecutados por el cártel de Los Zetas. Cuatro años después de la masacre, la PGR se vio obligada por el IFAI a divulgar la información, que se clasificó como reservada por 10 años, y que confirma el aterrador nivel de penetración del crimen organizado en las instituciones del país.
La PGR entregó a la National Security Archive, organización estadounidense especializada en acceso a la información pública, una ficha que confirma en qué consistió la complicidad policiaca en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 en agosto de 2010, como en el asesinato de otras 193 personas, encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.
“En base a (sic) las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, indica la ficha.
Al menos 17 agentes de la Policía Municipal de San Fernando “halconeaban” y detenían personas para posteriormente entregarlas a Los Zetas. A cambio recibían dinero de ese grupo criminal. En la actualidad el proceso contra los exuniformados sigue en curso.
En el documento desclasificado de la PGR se incluye el testimonio de uno de los 17 miembros de la policía municipal que fueron detenidos, y que al mismo tiempo era integrante de Los Zetas, Álvaro Alba Terrazas.
“Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los zetas (…)”.
Las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, representan un claro ejemplo de cómo las autoridades intentan mantener en secreto el vínculo entre miembros del Estado y el crimen organizado. El caso más reciente de esta “colaboración” es el de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, asesinados y desaparecidos a manos de la policía municipal de Iguala, Guerrero, e integrantes del narco, que originó la actual crisis del gobierno de Peña Nieto.