El 6 de enero pasado, la periodista Laura Castellanos se enteró de la muerte a tiros de un grupo de civiles en el pueblo michoacano de Apatzingán. Las autoridades describieron el hecho como un fuego cruzado entre miembros de autodefensas, lo que le pareció extraño, dado que los civiles de la zona estaban desarmados. Tras una larga investigación en la zona, la periodista acumuló un conjunto de entrevistas y pruebas que apuntan a que policías federales habrían abierto fuego contra miembros de autodefensas desarmados. La información, publicada hoy, ha motivado la denuncia por parte de usuarios de redes sociales usando el hashtag #FueronLosFederales.
La periodista había hecho una amplia investigación sobre el tema de las autodefensas en el estado siendo reportera independiente lo que, en marzo, le valdría el Premio Nacional de Periodismo. Su libro Corte de Caja, que consistió en una larga entrevista hecha al Subcomandante Marcos y uno más, México Armado, sobre las luchas guerrilleras en el país de 1943 a 1981 le han valido prestigio en el mundo periodístico.
Castellanos se trasladó a Apatzingán tras los enfrentamientos entre autodefensas y policías federales para investigar el caso. Los resultados difieren mucho de la versión oficial y apuntan a que los civiles muertos sólo iban armados con piedras y palos.
La reconstrucción de Castellanos fue realizada con más de 50 voces, que incluyen a autoridades y a testigos del incidente, entre ellos vecinos así como personal de los hospitales cercanos. Todos coincidieron en incriminar a la policía federal como responsable.
Tras la investigación, tanto la periodista como algunos colaboradores y testigos han sufrido acosos y amenazas. Ella misma se encuentra ahora bajo la protección de Article 19, la organización internacional en favor de la libertad de expresión.
Este domingo, Univisión, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer aquel trabajo periodístico. Los tres medios analizaron la información y llegaron cada uno a sus propias conclusiones.
“Todos los testigos, los sobrevivientes, los detenidos, los heridos, incluso el personal del mismo hospital, incriminan a la Policía Federal’’, explicó Castellanos.
De acuerdo con uno de los testigos, sus compañeros estaban desarmados cuando fueron atacados por los policías. El mismo testigo afirmó que durante el primer tiroteo, los policías les habrían pedido quedarse quietos y levantar las manos.
“Nos quedamos en desconcierto y nada más escuchamos cuando dijeron: ¡Maten a esos perros, mátenlos a todos! […] Nos masacraron […] veo cuando un federal levanta un arma y se la apunta a la altura del pecho o de la cabeza y le dispara a uno de mis compañeros y cae”.
Las imágenes tomadas por los vecinos muestran a heridos en medio de charcos de sangre. Una de ellas muestra a un herido rodeado de sus compañeros muertos. Los que no habían perdido la vida pidieron ayuda a los policías, pero éstos no se la prestaron.
Según Castellanos, los heridos permanecieron desangrándose al menos una hora antes de que fueran llevados a un hospital que se encuentra muy cerca de los hechos.
Basada en las entrevistas a abogados de la víctimas, Castellanos asegura que no existe una sola denuncia de los hechos porque todos los sobrevivientes y testigos “han sido amenazados, están atemorizados”.
Las víctimas civiles eran miembros de un grupo de autodefensa conformado por el propio gobierno federal con la intención de dar con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, quien fuera detenido a finales de febrero.
Las víctimas protestaban por la disolución de grupo, ordenada por Alfredo Castillo, el entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y pedían que se les pagara por los servicios rendidos.
“Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron ser ultimadas por sus propios compañeros”, explicó en aquel entonces el comisionado.
La investigación de Laura Castellanos arroja nueva luz sobre el caso. No fueron nueve los que perdieron la vida en el incidente, sino 16. Los testigos coinciden en que los policías les ordenaron hincarse mientras ellos explicaban que nos llevaban armas. Así mismo, varios entrevistados aseguran que el ejército ordenó un cerco durante la madrugada y que participaron en los hechos.
Esa noche fueron arrestadas 44 personas por asociación delictiva y posesión ilegal de armas. Dos días después, fueron liberadas 43.
Carlos Toeres Vega, director del hospital local explicó que las autoridades habían entorpecido el traslado de los heridos hasta por siete horas.
“Los federales impidieron la salida de los muchachos, aun aunque no estaban en calidad de detenidos”.
La periodista asegura que las autoridades pudieron poner en práctica estrategias para dificultar el conteo final de los fallecidos.
Este fin de semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que emprendería una investigación sobre los hechos ocurridos en Apatzingán pues, según explicó en un comunicado, recibió
“de manera anónima, un video del cual se pueden inferir presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal, en el municipio de Apatzingán en el Estado de Michoacán”.
Así mismo, se ha dado parte a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.
Castillo dejó su cargo dos semanas después de la conferencia de prensa en que se anunció que los civiles habían muerto víctimas de un fuego cruzado. Semanas después, fueron trasladados a otros estados el mando local de la Policía Federal, Fausto Arenas, y el encargado de la zona militar, Miguel Ángel Patiño.
Este jueves, Castillo fue nombrado nuevo director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Hasta el momento, no ha respondido a las solicitudes de entrevista.
Esta tarde, el portal Aristegui Noticias denunció que ha sufrido al menos dos ataques cibernéticos, perpetrados horas antes de la publicación del artículo “Fueron los federales”.