Mientras que en México los altos mandos no sufren ni se acongojan por irregularidades en las que se les cacha… y no tendrían por qué, pues las instituciones correspondientes se encargan de aclarar todo (a su favor). En otros países así les va.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, recibe la presión del respetable para dejar su cargo, debido a que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) lo señalan como orquestador de una red de defraudación aduanera… claro, como buen político, el ejecutivo guatemalteco se deslinda y asegura que en breve demostrará su inocencia:
“Daré la cara y demostraré, frente a la ley, que no he sido parte y mucho menos receptor de estos fondos malhabidos en perjuicio del pueblo de Guatemala(…) Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón: pedir perdón a los guatemaltecos”.
Sin embargo, el panorama no luce nada favorable para Pérez Molina a quien ya se le busca quitar el fuero, esto por petición del comisionado de la CICIG. Iván Velásquez, al Congreso nacional. Para ennegrecer más las expectativas del mandatario guatemalteco, su ex vice presidenta y también involucrada en las tranzas, Roxana Baldetti, ya fue a dar a prisión.
En el caso de Baldetti, ayer llegó al bote acusada de formar parte de una banda de defraudación aduanera, conocida como La Línea, así como de haber recibido 3.7 millones de dólares en sobornos. “A usted, doña Ingrid Roxana Baldetti Elías, el Ministerio Público la indica de formar parte de una organización criminal (La Línea) integrada por más de tres personas con controles y funciones plenamente definidos”, señaló el fiscal José Antonio Morales al presentar las acusaciones contra la ex vicepresidenta.
Toda esta movilización se lleva a cabo como resultado de investigaciones que la CICIG realiza desde hace meses y cuyos resultados comenzaron a mostrarse en abril pasado, cuando se reveló que el secretario privado de Baldetti –ahora prófugo- y otros funcionarios eran integrantes de La Línea, organización criminal que cobraba sobornos a empresarios para que pudieran evadir impuestos aduanales. Por esta situación Baldetti –y porque se embolsaba el 50% de las “ganancias”- renunció a la vice presidencia desde mayo.
El caso deja más que embarrado al presidente Pérez Molina. Sobre todo debido a que, como parte de las investigaciones, se tiene por lo menos el análisis de más de 88 mil escuchas telefónicas, 6 mil correos electrónicos, 17 allanamientos y 175 mil documentos… en una de las llamadas que data del 3 de noviembre de 2014, se escucha al mandatario ordenar al entonces jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) destituir al encargado de recursos humanos… esto –según el fiscal- comprueba la forma en que Pérez Molina injería en la SAT, a pesar de que ésta es un organismo autónomo.
“No puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos, o a los que designé”, admitió en mensaje ofrecido el Ejecutivo, a quien diversos sectores piden su renuncia… o de menos, el retiro de su fuero.