Mientras en el Senado los panistas reventaron la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México, la desvinculación del salario mínimo de multas y el documento que el Senado le entregaría a los familiares de Ayotiznapa, los priistas se interpusieron en la aprobación de la ley anticorrupción (¿qué raro, verdad?).
Aunque el fin de semana hubo avances en la negociación, el PRI no aceptó dar más facultades a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para que se puedan realizar revisiones en «tiempo real».
El PAN proponía que el órgano de fiscalización pudiera hacer revisiones durante y después del ejercicio fiscal, una petición que provenía de las organizaciones civiles.
Pero el PRI dijo que eso implicaría una complejidad técnica que podría tener «paralizado» al Gobierno por estar permanentemente fiscalizado (ellos dicen paralizado, nosotros decimos en orden y con transparencia).
Los priistas también temen que esa fiscalización se convirtiera en un «golpeteo» político permanente contra la Administración federal (cosa que no tiene sentido si partimos de que la Administración no es corrupta ni tiene conflictos de interés, como bien dicen, el que nada teme…).
El diputado perredista, Agustín Miguel Alonso Raya, dijo:
«Del decálogo de Peña Nieto, la mayor parte, lo que tiene que ver con anticorrupción y lo de seguridad pública, no saldrá en este periodo»
En las negociaciones se eliminó la creación de un consejo nacional en el sistema nacional anticorrupción y que éste fuera presidido por el Ejecutivo federal como querían los priistas (es decir, querían que el Gobierno, en este caso uno del PRI, fuera el que juzgara la corrupción de sus funcionarios, priistas, ¿cómo los ven? ¿algo más?).
Así que termina el año y seguimos sin ley anticorrupción.