Uno de los temas a discutir en el primer debate presidencial fue la corrupción y entre tantas declaraciones de los candidatos, Verificado2018 se dio a la tarea de corroborar frases y propuestas.

Frase

“El patrimonio de AMLO no refleja tres departamentos que sí están en el Registro de la Propiedad”: Meade.

El dato

Los inmuebles a los que se refirió José Antonio Meade son tres: el departamento ubicado en  Heriberto Frías 1519, en la delegación Benito Juárez y dos departamentos, 301 y 302, de la calle Odontología 57, en Coyoacán.

Ninguna de estas propiedades figura en la declaración patrimonial que ya sabes quién hizo pública en abril de 2016.

El departamento en Heriberto Frías era propiedad de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien a su vez se lo vendió a Julio Scherer Ibarra —abogado de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo—.

Así consta en el documento con número de folio real 9056296 inscrito en el Registro Público de Comercio.

Según este documento, Gutiérrez Müeller compró ese departamento en mayo de 2002, cuando aún no era esposa del candidato de Morena.

El primer aviso de venta de Beatriz Gutiérrez a Julio Scherer se registra en diciembre de 2015, ya como esposa de Obrador. Y en agosto de 2017 la compraventa quedó formalmente registrada ante notario.

En cuanto a los departamentos en la calle Odontología 57, The Wall Street Journal reveló que no habían sido incluidas en su declaración de bienes, en una nota publicada en abril de 2016.

Sin embargo, en respuesta a esta información, en noviembre de 2016, el abogado de El peje proporcionó documentos a  The Wall Street Journal que muestran que los departamentos habían sido transferidas a uno de sus hijos en 2005.

Andrés Manuel todavía figura como propietario de los departamentos, de acuerdo con las actas 613504 y 613505, que están disponibles en el Registro Público de la Propiedad de la CDMX.

Pero el detalle está en que Obrador aparece como propietario de los inmuebles porque se encuentran en un juicio testamentario.

¿La razón?

En 2003, Rocío Beltrán, primera esposa de López Obrador, murió sin dejar testamento, por lo que la cesión de derechos de las propiedades a sus hijos están en litigio, explicó César Yáñez, vocero de Morena, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en septiembre de 2016.

Frase

“Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público, eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos…  hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta sanción”: El Bronco.

Lo que olvidó El Bronco es que este castigo esta prohibido por la Constitución y es incompatible con tratados internacionales de los que México forma parte.

Los datos

La sanción propuesta por Jaime Rodríguez Calderón va en contra de la Constitución Política del país, que en el artículo 22 prohibe “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes…”

Al mismo tiempo, actos como la mutilación están prohibidos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que el Estado mexicano está obligado a cumplir; lo que se reforzó a partir de 2011, con la reforma constitucional en la materia.

La prohibición de utilizar la mutilación, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se ha reconocido desde hace décadas. Esto se encuentra señalado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que México se sumó en 1981.

También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) entiende en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada por el gobierno mexicano en 1987, que la tortura también son “métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física”.

Frase

“Yo llevo todo la vida en la política, y ustedes me conocen, a mí el poder no me cambió, yo continúo viviendo en la casa de siempre, por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos”: Margarita Zavala.

Es cierto, Margarita Zavala y Felipe Calderón reportan como su hogar la casa que tienen en la colonia Las Águilas, delegación Álvaro Obregón. Una propiedad que adquirieron en 2003, en realidad hace 15 años, y no 20, como dijo en el debate.

Peeeeero

Lo que Margarita olvidó decir es que en esos 15 años su hogar prácticamente cuadruplicó de tamaño, al pasar de 450 metros cuadrados en 2003 a mil 623, según lo reportado en su declaración 3 de 3.

De acuerdo con una investigación del periodista Daniel Lizárraga, el crecimiento del patrimonio de la pareja Calderón-Zavala se dio durante su sexenio, a través de compras de terrenos a nombre de Zavala, cuando ella no percibía ingresos en su papel de presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y financiados por créditos bancarios que eran pagados prácticamente de inmediato.

Según documentó el periodista, Calderón habría usado dos líneas de crédito para el crecimiento patrimonial de los Calderón Zavala, uno con el banco Ixe por 4.7 millones y otro más con Santander, por 3.6 millones de pesos.

El primer crédito fue saldado en dos años, el segundo en 11 meses.

Al asumir la Presidencia, Felipe Calderón reportó entre otras propiedades un terreno de 450 metros cuadrados a nombre de su esposa, Margarita Zavala, por el que pagaron 2.5 millones de pesos en 2003, ubicado en la colonia Las Águilas de la ciudad de México.

En enero de 2013, una vez concluida su gestión, Calderón Hinojosa reportó en su declaración patrimonial (consultada en la página servidorespublicos.gob.mx) que ese terreno había crecido a 541 metros cuadrados, sin superficie construida.

A pesar del crecimiento del terreno, el valor reportado seguía en 2.5 millones de pesos, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales del exmandatario y de la declaración 3 de 3 que presentó Zavala como candidata presidencial.

Frase

“La corrupción es el principal problema de México”: Obrador.

Ya sabes quién insistió en que el mayor problema de México es la corrupción.

El dato

Pero de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que se realiza cada dos años desde 2011, la inseguridad y la delincuencia son los temas que los mexicanos señalan como los principales.

En las encuestas de 2015 y 2017, la corrupción está en segundo lugar, luego de desplazar al “desempleo”, que estaba en esa posición en 2011 y 2013.

Frase

“…Hacienda, el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción, eso no se ha hecho. Y todos los contratos deben ser transparentes, eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda”: Meade.

Pues sí, las contrataciones que llevan a cabo las dependencias gubernamentales son públicas y están a disposición de los ciudadanos desde el 9 de noviembre del 2017, cuando —en efecto— Meade era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Pero los contratos abiertos no fueron iniciativa de él y tampoco se transparentaron todos.

Su afirmación es engañosa

Su aplicación en distintas dependencias y entidades gubernamentales fueron producto de un largo proceso cuya iniciativa no fue propuesta por el ahora candidato.

El origen de la iniciativa fue un esfuerzo global para crear gobiernos abiertos en el 2012 y el gobierno de Enrique Peña Nieto la retomó como parte de la Estrategia Digital Nacional, la cual tenía como uno de sus pilares la transparencia a través de Gobierno Abierto.

La Estrategia Digital Nacional arrancó el 25 de noviembre del 2013. En marzo del 2017 se firmó una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado con el fin de diseñar un Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, en la que se discutieron los términos, así como las cantidades máximas y mínimas para poder denominar un contrato como abierto.

De acuerdo con Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, la iniciativa de Contratos Abiertos es de carácter global, inició en el 2012 y en México fue es impulsada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INAI y Transparencia Mexicana.

“Se integraron las bases de datos de transparencia presupuestaria y CompraNet buscando cumplir con el estándar de datos de Contrataciones Abiertas. No es la totalidad de los contratos del gobierno federal”, dijo el director de Transparencia Mexicana.

Esta “cuota” de datos, están obligados por el gobierno federal:

De acuerdo con el artículo 14 del PEF2018 “las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos, a través del Portal de Transparencia Presupuestaria”.

Es aquí donde la Secretaría de la Función Pública se coordina con la SHCP para integrar la información al sistema CompraNet.

Frase

“En este caso, el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios del país, para ser precisos, el presidente”: Obrador.

Ya sabes quién dijo que en el caso de corrupción de Odebrecht estaría implicado directamente el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El dato

Sin embargo, esta afirmación no se puede probar, porque —en contraste con lo que ocurre en otros países— la Procuraduría General de la República no ha terminado las pesquisas, no ha girado órdenes de aprehensión y no ha consignado a ningún funcionario.

Lo cierto es que la denuncia del caso implica el supuesto pago de 10 millones de dólares por parte de la empresa a altos funcionarios del Gobierno Federal para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Hasta ahora, lo que se sabe es lo que reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción titulada ‘El señor de los sobornos’, la cual expuso que Luis Alberto de Meneses, quien presuntamente negoció los sobornos de Odebrecht en México, declaró ante la justicia brasileña haber participado en la negociación de 10 millones de dólares en presuntos sobornos a Emilio Lozoya.

Cuatro de esos millones, según el testigo protegido, se habría entregado en 2012, cuando Lozoya se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros seis millones cuando ya era el director de Pemex. Lozoya negó en octubre de 2017 las acusaciones de corrupción.

La investigación periodística también refiere que Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora brasileña, se reunió con Felipe Calderón Hinojosa en la residencia oficial de Los Pinos en octubre de 2011.

Y dos años después, en octubre de 2013, visitó a Enrique Peña Nieto.

A pesar de este dato, se desconoce si la PGR está investigando estos encuentros entre el empresario y presidencia.

Obrador también aseguró que cinco millones de dólares provenientes de sobornos a Odebrecht se utilizaron “en la campaña de Peña Nieto”, y que “en Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón”.

Sobre estas dos aseveraciones la justicia mexicana tampoco se ha pronunciado, ni ha ofrecido resultados.

Frase

“Metimos a la cárcel a Rodrigo Medina pero un juez federal lo sacó”: El Bronco.

Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, ingresó al penal de Topo Chico el 26 de enero de 2017.

El dato

Pero 19 horas después, el juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva, porque se había incumplido el debido proceso.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó esta resolución sobre el amparo 39/2017, que promovió la defensa de Medina.

Luego, el 8 de febrero de este año, el Juez de Control Jaime Garza Castañeda de Nuevo León volvió a confirmar el auto de vinculación a proceso por el mismo delito contra del exgobernador Medina.

El exfiscal anticorrupción, Ernesto Canales, señaló que la resolución aguantaba cualquier revisión de amparo, esta había tenido 13 amparos, y se confirmaba la posición inicial de vinculación contra Medina.

Sin embargo, el juez Garza Castañeda volvió a dictar no vinculación sobre el caso, después de que un juez federal pidió dictar una nueva resolución.

Las próximas audiencias sobre el caso serán el 28 de mayo y el 5 de julio, informó la fiscalía de Nuevo León.

Verificado 2018

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