Por Diego Castañeda

Ya que inició el proceso electoral, y como lo comenté la semana pasada, en este espacio evaluaré, en la medida de lo posible, las propuestas económicas, las que estén relacionados de alguna forma a la economía o que tengan componentes de gasto relevantes o impactos relevantes de los distintos candidatos. Cuando las propuestas cuenten con detalles técnicos o al menos suficiente profundidad para hacer algunos supuestos procuraré dar una calificación del 0 al 100 y explicar por qué en términos de la calidad de la idea, su viabilidad presupuestal y objetivos que persigue. Cuando, como es el caso de esta semana, las propuestas no tengan los suficientes detalles técnicos o no permiten elaborar ciertos supuestos la evaluación será más genérica y será en términos de si la idea es interesante, busca resolver problemas del país o si tiene sustento en la literatura, en esos casos la calificación será “interesante”, “debatible”, “lugar común”, “poco creíble”, “lógica cuestionable” o “difícil de saber”.

Una vez aclarado esto es necesario hacer dos avisos. El primero: las propuestas sólo serán evaluadas respecto a los documentos oficiales, dichos de los candidatos o sus equipos o información de dominio público que se tenga respecto a las propuestas, de esta forma se procura tener un piso parejo que considere posibles asimetrías de información. El segundo: como toda persona tengo sesgos y aunque las opiniones que aquí se produzcan tratan de ser objetivas no es posible eliminar su existencia. En este caso simpatizo con el proyecto lopezobradorista y es una consideración importante que el lector debe tener en cuenta, aunque mis opiniones busquen ser justas y sustentadas en criterios técnicos, siempre es mejor estar al tanto de este tipo de sesgos.

El primer caso para evaluar es las propuestas sobre la frontera con Estados Unidos, un par de ellas que desataron cierta polémica esta semana por ser muy parecidas entre dos candidatos y las acusaciones de plagio que se produjeron: las propuestas de disminuir el IVA en la frontera al 8 por ciento e igualar los precios de la gasolina al de Estados Unidos en la frontera por parte de Ricardo Anaya y de la zona franca fronteriza en la que se incluye la reducción del IVA al 8 por ciento, a 20 por ciento del ISR y recorrer aduanas al menos a 20 kilómetros de la línea fronteriza. Alejándonos de la retórica del plagio, son propuestas en el fondo diferentes. Veamos por qué. En el caso de la propuesta de José Antonio Meade se trata de la regularización de los autos “chocolate” en la frontera. De Margarita Zavala no existe información pública sobre alguna propuesta en la frontera de naturaleza económica así que en este análisis no será considerada.

Ricardo Anaya : “Cuando sea presidente vamos a bajar el IVA a la mitad aquí en la franja fronteriza, y la gasolina va a costar lo mismo que en Estados Unidos, es los justo y es lo correcto”

El primer reto para analizar una propuesta que carece de detalles como ésta es imaginar bajo qué lógica se propone y así poder determinar cuáles son los mejores supuestos para analizarla. Anaya fundamenta la propuesta en el impacto en la economía de las personas, por lo tanto, es razonable suponer que el objetivo de reducir el IVA al 8 por ciento es que el ingreso disponible de las personas aumente. Respecto a igualar el precio de las gasolinas con Estados Unidos es más complicado, pero en principio parece razonable que sigue la misma lógica. Hasta aquí, la propuesta tiene sentido aunque no deja de ser debatible por cuestiones de igualdad impositiva (es decir, que todos los mexicanos enfrenten la misma carga impositiva).

Un asunto que es debatible sobre esta propuesta es que no sabemos cuáles pueden ser sus efectos en términos de sostenibilidad fiscal: qué tanto la reducción de la tasa del IVA impacta en una reducción de los ingresos o en un mayor déficit público. Idealmente se busca que los cambios impositivos de este tipo sean neutrales a los ingresos públicos (que se compensen de alguna forma para no afectar los balances públicos). En el caso de México hoy, donde las finanzas públicas son más frágiles y se busca estabilizar la deuda pública, ésta es una consideración muy importante.

La clave para contestar estas preguntas sobre sostenibilidad fiscal de la propuesta de Anaya pasan por lo que los economistas llaman “elasticidad de la demanda”: qué tanto aumenta o disminuye la demanda de un bien cuando cambia su precio. Si las características de la demanda para distintos bienes en la frontera es que es elástica, entonces una disminución de la tasa de IVA puede incrementar la recaudación, pues aunque sea una tasa menor y por lo tanto una cantidad más chica, la incidencia del impuesto (qué tantas veces de causa) puede aumentar conforme aumenta la demanda.  Si, por el contrario, la demanda es inelástica podríamos esperar que la recaudación caiga, pues es una tasa menor y no se genera mayor consumo; en este caso, aunque las personas vieran incrementado su ingreso disponible, la hacienda pública saldría perdiendo. En estos casos es importante recordar el caso de la curva de Laffer, una idea que sugiere que disminuir impuestos incrementa la recaudación, una idea que en general ha sido demostrada falsa en distintos lugares del planeta.

Por otra parte, en el tema de la gasolina una parte de la propuesta es debatible, pues, por los impactos ambientales, no necesariamente es deseable una disminución, las externalidades negativas (los costos fuera del mercado que enfrentan las personas) en temas de salud y degradación ambiental a la larga son mayores que lo que se recupera en ingreso disponible. No obstante lo anterior, la parte de la propuesta que se vuelve poco creíble es que en Estados Unidos no existe un solo precio de la gasolina, el precio de la gasolina en California es distinto al precio en Texas o al precio en Arizona o al precio en Nueva York, en la realidad es imposible igualar los precios entre los dos mercados, además, el precio en México desde la liberalización del mercado de gasolinas se determina de forma regional por la oferta y demanda:para poder cumplir esa promesa se requeriría volver a un esquema de control de precios que permita fijarlos a cierto nivel o subsidios que, además de regresivos, beneficiarán a los habitantes de Estados Unidos que cruzan la frontera para cargar gasolina en México y que serían más si ésta fuera más barata. Hacer todo eso sería echar para abajo al menos una parte de la implementación de la reforma energética (esto último una contradicción con lo que el candidato y su grupo sostiene).

Veredicto: Disminuir el IVA a la mitad en la frontera es debatible, merece una discusión con detalles e información que hoy se desconoce, requiere conocer características de la demanda local, por ejemplo; no obstante, si el objetivo es meramente incrementar el ingreso disponible lo lograría. Hace falta información para ver su sostenibilidad fiscal. La parte del precio de la gasolina en la propuesta es poco creíble ya que en principio no existe un solo precio en Estados Unidos y en el lado mexicano se requeriría ir para atrás en la reforma energética, algo que es por sí mismo poco creíble dadas las declaraciones de esa coalición.  

Foto: Notimex

 

Andrés Manuel López Obrador : “Propongo establecer una zona franca o libre en los 3,000 kilómetros de frontera de cuando menos 20 kilómetros de ancho en esa superficie de nuestro territorio donde podemos hacer lo que nos convenga”

Aunque la propuesta de la zona franca tiene dentro de sí un componente idéntico a la propuesta de Anaya (el IVA al 8 por ciento), la lógica de las dos es claramente diferente. La propuesta del Frente sigue una lógica pensada en mejorar el ingreso disponible de las personas, la de López Obrador está enmarcada en una política industrial regional. Para todo efecto práctico una zona franca es una especie de zona económica especial en la que existen incentivos fiscales, en este caso la disminución del 16 al IVA al 8 por ciento y el ISR del 32 al 20 por ciento. La lógica es muy clara, aunque no por eso es menos debatible, ya que es posible discutir si una política industrial de este tipo sería óptima para disminuir las desigualdades regionales del país o sólo produciría un gran enclave de exportación sin mayor desarrollo.

Los efectos en términos de ingreso disponible son más o menos los mismos que los que discutimos en el caso de Anaya, sujeto a la misma existencia o no de una demanda elástica; no obstante, aquí parece ser necesario incorporar un elemento más que se busca en este tipo de “zonas libres”: se busca incentivar el consumo del país vecino. Existen análisis muy populares para el diseño de impuestos óptimos en zonas fronterizas como los de Kanbur y Keen (1993) que muestran que un país pequeño vecino de uno con una demanda más grande puede beneficiarse de tener impuestos más bajos en la frontera al atraer consumo del otro lado, incrementando así la recaudación del Estado por mayor incidencia del impuesto aunque sea a tasa menor. El mismo análisis de Kanbur y Keen nos dice que estos tipos de medidas si bien pueden ser exitosos también pueden despertar una reacción simétrica del otro país en el que el otro país también disminuye tasas para retener a sus consumidores.

El efecto neto de una propuesta de este tipo es incierto ya que necesitamos conocer la elasticidad de la demanda de ambos lados, necesitamos también considerar los mismos aspectos que consideramos en el caso de Anaya. A pesar de esto, los diferenciales de tipo de cambio tan elevados y el hecho de que en Estados Unidos tampoco existe una tasa impositiva equivalente u homologada (lo más parecido es el sales tax) por lo que sería difícil coordinar una respuesta a la medida del lado mexicano, los estados fronterizos en Estados Unidos también tendrían que considerar sus diferenciales entre sí y sus efectos en recaudación.

Por otro lado, el ISR al 20 por ciento sí merece consideraciones muy diferentes, ya que lejos de estar pensando en una gran incidencia de personas físicas, parece más bien estar pensado para personas morales, empresas. El objetivo pareciera ser el de hacer más competitiva esa región y atraer mayores inversiones manufactureras, en principio ese objetivo parece ser razonable, pero tiene dos consideraciones importantes. La primera consideración es que podría causar que empresas de otras partes decidirán mover sus operaciones hacia la zona franca y así causar una menor tasa de impuestos menor; si esto ocurriera quizá en lugar de ver más inversiones nuevas lo que veríamos serían reacomodos de las que ya existan, hecho que amerita un análisis de neutralidad fiscal. La segunda consideración es que si resultara exitoso podría incrementar la desigualdad regional al hacer demasiado atractivo al norte versus zonas del sur que de entrada son menos competitivas hoy.

Esta consideración con la desigualdad regional quizá sería mitigada por otra de las partes que acompañan la propuesta: la del salario mínimo al doble en la frontera, una propuesta que busca mejorar el ingreso disponible de las personas pero con un mecanismo distinto al de Anaya y que parece tener una lógica clara frente a la gran diferencia salarial en el sector manufacturero que se tiene en Estados Unidos, México y Canadá y que es causa de algunos conflictos en la renegociación del TLCAN.

Aunque algunas de las propuestas y sus efectos se parecen entre Anaya y López Obrador cuando pensamos con mayor profundidad las diferencias emergen.

Veredicto: La creación de una zona franca en la frontera parece ser una propuesta debatible, el objetivo que busca es correcto pues atiende de forma directa el asunto de la desigualdad regional del país y ve la política industrial como un instrumento que puede ser usado de forma regional. Sin embargo, no se cuentan con los suficientes detalles y existen alternativas en el mismo sentido que podrían lograr mejor efecto, el hecho de tener un enfoque regional para el desarrollo es interesante. El IVA al 8 por ciento merece las mismas consideraciones anteriores y, por lo tanto, se necesita mayor información sobre las elasticidades de las dos partes de la frontera y merece una discusión adicional sobre los efectos de coordinación y dinámica de competencia fiscal de los dos lados de la línea fronteriza. El ISR al 20 por ciento es un asunto debatible: parecen existir muchos posibles efectos en direcciones opuestas por lo que no podemos saber sin contar con más información si cumpliria sus objetivos o no.

Andres Manuel López Obrador

José Antonio Meade:Tenemos que ser creativos en proponer soluciones ,lo que hemos planteado es que vale la pena hacer un esfuerzo de regularizar  con inteligencia y con cuidado, respetando seguridad y medio ambiente y privilegiando la certeza en las familias”

México es un país lleno de autos viejos de importación desde Estados Unidos. Durante mucho tiempo han constituido un problema para el desarrollo del mercado automotriz del país y son en parte responsables de que en México la antigüedad del parque vehicular sea de 17 años, una de las más viejas de América Latina. Los autos “chocolate” siempre han sido atractivos en la frontera por sus bajos precios, pero también son una consideración ambiental importante.

La lógica de la propuesta parece ser atender un problema que está ahí aunque lo ignoremos y facilitar a las personas en la frontera que su auto pueda ser legalizado. Si bien esto atiende a un problema legal y puede ser un trámite más fácil para las personas es difícil pensar en que sea una propuesta con muchos efectos positivos. Por tratarse de autos usados pueden ser menos eficientes, incentivar la importación también puede incrementar rápidamente el tamaño del parque vehicular presionando de esta forma la demanda de gasolina y por lo tanto las emisiones de CO2.

Una mayor demanda de gasolina además tendría como efecto económico el de incrementar el déficit de la balanza petrolera y eso a su vez generaría presión adicional sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos. En un contexto de fragilidad de las finanzas públicas y con volatilidad en la economía internacional la propuesta podría tener consecuencias no deseadas. Si lo pensamos un poco parece que la propuesta tiene una lógica cuestionable.

La falta de detalles añade incertidumbre a la propuesta, si bien Meade habla de que estas regularizaciones deben estar sujetas a ciertos criterios ambientales, de calidad y seguridad, no se especifica cuáles son esos criterios. Regularizar estos autos bien podría ser positivo si se cuenta con estándares lo suficientemente altos que hagan que sea más atractivo comprar en el mercado nacional o que hagan que no entren automóviles contaminantes. De la misma forma una mala regularización podría agravar un problema que hoy en día ya es grande.

Veredicto: La regularización de autos “chocolate” es una propuesta que da la impresión de tener una lógica cuestionable o al menos que no se ha pensado lo suficiente sobre posibles efectos secundarios y consecuencias no consideradas. En el mejor de los casos, bajo el supuesto de que se hiciera de la mejor forma, parece que el efecto económico para las personas sería menor: en el fondo no parece una propuesta con una visión regional ni una ambiental. Entre los problemas económicos que pueden existir en la frontera norte, la regularización de los  autos “chocolate” no parece ser uno de los más urgentes.

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Diego Castañeda es economista por la University of London.

Twitter: @diegocastaneda

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