Lo que inicialmente fue un descontento por el aumento a las contribuciones de los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, así como por la reducción de las pensiones en un 5 por ciento, se transformó en una inconformidad por el Presidente de Nicaragua y las medidas violentas que tomó para frenas dichas manifestaciones.
En una marcha convocada por la Iglesia Católica, miles de nicaragüenses se manifestaron “Por la Paz y la Justicia”, para darle al gobierno un plazo de un mes para cumplir los compromisos que la sociedad le pide tras la represión y el autoritarismo vividos en las marchas anteriores.
De acuerdo con El País, en la marcha se escuchaba a la gente corear “¡Que se vayan, que se vayan!” y “¡Justicia, justicia!”. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, quien fue el promotor de la marcha y de entablar un diálogo con el gobierno dijo “El gobierno sólo tiene un mes para cumplir, de lo contrario, se le dirá al pueblo que no se pudo”.
A la marcha se unieron campesinos, miembros del sector privado, estudiantes y trabajadores. “Los nicaragüenses necesitamos un mejor país y lo vamos a conseguir“, declaró Silvio Báez, obispo de la arquidiócesis de Managua. “Es momento de que Daniel Ortega entienda que no va a seguir haciendo con este país lo que quiera… Ya ha sido suficiente: Queremos paz, pero con justicia por los asesinatos”, señaló por su parte Francisca Ramírez, líder de un movimiento de campesinos.
Se espera que los diálogos se entablen entre el gobierno y la sociedad, mediados por la Iglesia Católica, tal como aceptó Ortega. Los sectores privado, estudiantes, trabajadores y otros miembros de la sociedad aceptaron, con la condición de que se investiguen las muertes ocurridas a manos de autoridades durante las marchas pasadas.
Para esto se anunció la creación de una comisión formada por jóvenes, intelectuales, académicos y juristas para analizar e investigar los hechos que resultaron en periodistas, estudiantes y policías muertos.
