Luego de recibir diversas amenazas de muerte, el activista defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), Manuel Gaspar, fue asesinado en Cuetzalan del Progreso, Puebla. De acuerdo con La Jornada, el asesinato de Gaspar ocurrió la noche del lunes. Su cuerpo fue encontrado en un hotel de la localidad.
Además del MIOCUP, Gaspar Rodríguez perteneció a otras organizaciones, todas defensoras de diversas causas indígenas. Según indicó la MIOCUP, el activista recibió diversas amenazas de muerte debido a la defensa que realizaba del territorio de la Sierra Norte de Puebla. Además, actualmente participaba en la lucha contra la imposición de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente en Cuetzalan.
Exigimos #Verdad y #Justicia para el compañero Manuel Gaspar Rodríguez. pic.twitter.com/xlKRtNBAc9
— MIOCUP CNPA MN (@MIOCUPCNPAMN) 16 de mayo de 2018
Tanto el Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y el Territorio, como el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE) y el ya mencionado MIOCUP condenaron el asesinato y pidieron a las autoridades investigar el hecho. Sobre todo poniendo especial atención en aquellos que tienen “fuertes intereses económicos en proyectos extractivos” contra los que Gaspar se expresó negativamente.
Durante su participación en e Foro Nacional de la Defensa del Agua, Manuel Gaspar evidenció la colusión que existe entre autoridades federales-estatales y empresas particulares, las cuales pretenden realizar diversos proyectos en las cuencas hidrológicas de Puebla. Su oposición a diversos planes de apropiación de recursos del Estado, lo llevó a enfrentar procesos ante la PGR por acción de la CFE… todo por la rechazar la instalación de una línea de alta tensión en el entronque Teziutlán 2-Tajín. Según como lo veía el activista, la realización del proyecto causaría afectaciones tanto al medio ambientes como a los pobladores de la Sierra Norte de Puebla.
Pese a todo lo anterior, ¡sorpresa! las autoridades comenzaron a delinear que Gaspar fue asesinado, posiblemente, por un “conflicto personal”. Al menos así es como entienden compañeros del activista el hecho de que se ha filtrado a medios de comunicación información y fotografías de la escena del crimen que sugieren esa hipótesis.
Debe garantizarse “una investigación seria, efectiva, eficaz e imparcial y que lleve a cabo todos los actos de investigación debidos, como investigación de llamadas y mensajes telefónicos recibidos y mandados desde su celular horas previas a los hechos, cámaras de video públicas y del mote–hotel donde lo encontraron, entrevistas a testigos trabajadores del lugar y respetar el derecho de los deudos de conocer la verdad y obtener justicia”, señalaron en rueda de prensa los representantes del CDHAE y del MIOCUP, Violeta Valdez y Alfredo Guerrero, respectivamente.
Guerrero comentó que desde 2014 la Fiscalía General del Estado fue informada de las amenazas en contra de Gaspar. Pese a ello, nunca se establecieron las medidas para su protección. Y bueno, lo menos que debería hacer ahora que se cometió el crimen es no “precalificar una línea de investigación; por el contrario, debe incluir la línea sobre su participación como defensor de derechos humanos”.
Originario de Ayotoxco, Puebla, Gaspar era parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC). Como parte de colectivos, logró que el Congreso del Estado diera marcha atrás a su intención de reformar el artículo sexto de la constitución local, con lo cual se pretendía privatizar el agua en los municipios de la entidad. Participó en caravanas indígenas y protestas contra las minas a cielo abierto, concesionadas a empresas de Canadá para la extracción de oro y plata.