El día de hoy Profepa anunció la clausura definitiva del proyecto Dragon Mart Cancún, aunque, el director y socio principal del proyecto dijo que la decisión no estaba sellada por un juez y que podían impugnar. Pero ¿Por qué clausuraron este proyecto?

Según La Jornada, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Porfepa) clausuró la mañana del día de hoy las obras del proyecto Dragon Mart ya que la empresa incumplió con el pago de la multa por más de 22 millones de pesos y con las reparaciones impuestas por la autoridad ambiental por la deforestación de 149 hectáreas.

Esta mañana el titular de Profepa, Guillermo Haro Bélchez, detalló que la estructura del proyecto era de 722 viviendas, 20 naves comerciales y 3 mil locales, todo en 203.83 hectáreas de proyecto.

Entre los argumentos para la clausura están la falta de autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para cambio de uso de suelo forestal (el lugar donde se ubicaría el complejo), además violaron las leyes General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y la Forestal.

Al parecer en la construcción del proyecto destruyeron manglares y otras especies forestales protegidas por la NOM 509 y pusieron en peligro a varias especies de fauna.

Sigue abierta la investigación en la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la PGR que demandó Profepa por probables conductas delictivas por desmonte y daño de humedales, entre otros.

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Por otro lado, el vocero de este proyecto comercial, Marco Antonio García Granados, adelantó que se apelará la decisión de Profepa.

Además, según El Economista, Juan Carlos López Rodríguez, director y socio comercial de Dragon Mart, dijo que la clausura no significaba la cancelación definitiva del proyecto pues los procedimientos iniciados por Profepa aún se encuentran «sub judices», es decir, pendientes de resolución judicial definitiva.

El directivo dijo:

“Teníamos una suspensión definitiva, pero Profepa argumentó en el juicio que inspeccionaron nuevamente el predio porque se lo ordenó un juez, entonces se sobresee el amparo, entonces (sic) la clausura es simplemente una consecuencia de forma, el fondo del asunto sigue en litigio y se llevará por lo menos unos 10 meses”

El pleito, según el directivo, es sobre si Dragon Mart necesitaba los permisos federales sobre el cambio de uso de suelo o si bastaban los estatales (que ya tenían bajo la administración del gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo).

Además el titular de Profepa, Haro Bélchez, y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijeron que la clausura puede ser impugnada.

No obstante, según El Universal, el pasado 8 de enero, un tribunal colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa y el 21 de enero el juzgado de distrito emitió el acuerdo correspondiente para dar por concluido el juicio de amparo.

Haro Bélchez recalcó que el proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún Sa de CV empresa con el 90 % de capital nacional.

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¿El gobierno defendiendo el Medio Ambiente?

Según un reportaje que hizo Jenaro Villamil a Proceso el 5 de enero del 2013, la disputa por el proyecto Dragon Mart no sólo era por la venta y almacenamiento de productos chinos para América Latina (este iba a ser el punto del comercio chino en nuestro subcontinente). Sino que, además, era un enfrentamiento entre empresarios cercanos a Peña Nieto (como Francisco Funtanet, dirigente de la Canacintra) que se oponen al proyecto y los promotores de éste son empresarios vinculados a Vicente Fox y su familia y son apoyados por priistas como Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, ex gobernador y gobernador de Quintana Roo, respectivamente.

Así que, en el fondo, podría haber un pleito por la apropiación de los recursos naturales y las materias primas de ese estado del país. Según esta revista, las inversiones chinas se han caracterizado en África, las ex repúblicas soviéticas de Asia Central y en Sudamérica por:

“Su interés en la explotación intensiva de materias primas”

La abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alejandra Serrano, dijo:

“Detrás del Dragon Mart existen también un proyecto de extracción de recursos naturales, como madera, material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana Roo”

Recordemos que Quintana Roo es una de las 7 entidades en las que la Semarnat autorizó la siembra de soya transgénica, producto que en Europa se considera nocivo, pues para su cultivo se usan fertilizantes que dañan otras actividades como la apicultura.

Naturalmente ejecutivos de Dragon Mart y ambientalistas han tenido sus pleitos. Los directivos acusan a los políticos que están en contra del proyecto y a los ambientalistas de servir a intereses empresariales que velan por una economía no competitiva en el país. Claro que algunos de estos directivos están vinculados con otros políticos como los hermanos Bribiesca, hijos de Martita Sahagún y Vicente Fox, como es el caso del propio directivo Juan Carlos López Rodríguez.

López Rodríguez fue señalado como uno de los operadores de Manuel Bribiesca Sahagún cuando el hijo de Marta Sahagún tenía el 45 % de las acciones de Logistic Free Trade Zone (empresa que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas en el sexenio foxista).

Además, López Rodríguez representó al consorcio suizo Societé Generale de Surveillance, que en 2005 obtuvo la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí. Se le acusó de irregularidades de entre 8 y 12 millones de dólares por la revisión de productos extranjeros, principalmente (adivinaron) chinos, más baratos que los reportados oficialmente.

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¿Y qué dicen los empresarios, ambientalistas y científicos?

Bueno, están un poco aliviados, por lo menos así se le notó a Rafael Lang, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe, quien dijo que con esta sanción se estaba avanzando en el cumplimiento de las leyes (eso y que ya no tendrán los productos chinos aquí a ladito).

Según el Universal, ciudadanos, organizaciones civiles y empresariales celebraron la clausura de Dragon Mart Cancún.

Por otro lado, el presidente de la Asociación “Fundadores de Cancún” expresó que Profepa estaba llegando dos años tarde:

“Desde que el gobierno de Quintana Roo les dio autorización de impacto ambiental (6 de septiembre del 2012) se insistió en que la empresa debería tramitar la autorización federal y el cambio de uso de suelo, además de contar con un análisis de la Secretaría de Economía.

Pero ni Semarnat, ni la SE, ni Profepa hicieron caso. Se requirió de mucha presión social, de mucha presión jurídica y hubo un desgaste de la comunidad, impresionante, que nos dejó en claro lo vulnerable que somos los ciudadanos ante los intereses económicos y políticos que hay detrás de estos proyectos. No creo en la clausura hasta que anuncien la cancelación definitiva de este proyecto”

La hidrogeóloga, Guadalupe Velázquez, concluyó:

“Este caso deja muchas lecciones) para la autoridad es que debe escuchar a la ciudadanía. Muchas cosas pudieron evitarse si hubieran atendido lo que se les demostró siempre con bases”

Pues sea ambiental o político-económicas las razones por las que se clausuró, todavía falta ver que sea definitiva. ¿Ustedes qué opinan?

@plumasatomicas