“No hacen nada y lo poco que hacen, lo hacen mal”, es lo que aplica con la Procuraduría General de la República (PGR) que se quiso ver demasiado hacendosa en sus investigaciones, por lo que no reparó en esfuerzos y, en lugar de sólo confiscar material relacionado con investigaciones criminales que realizan en Quintana Roo, agarró parejo y, para no hacer doble viaje, de una vez se llevó mil quinientas cajas de seguridad de Firts National Security de México… pese a que éstas pertenecían a clientes de la empresa.

Sin saberse bien si las cajas fueron trasladadas a la Ciudad de México, a la espera de que los particulares comprueben su propiedad… o bien, permanecen en las instalaciones de First National Security, donde son revisadas una por una (a ver que se chin%&/an), los dueños de las cajas se han organizado para exigir al subprocurador Alonso Lira Arias, que se le informe el motivo por el que, de manera arbitraria, personal a su cargo ha abierto cajas. Porque, por ridículamente abusivo que se escuche, los personas que legítimamente arrendaron con la empresa, no tienen conocimiento de por qué las autoridades decomisaron sus pertenencias.

Fue el pasado 9 de octubre cuando elementos de la SEIDO y de la Policía Federal aseguraron las instalaciones de Firts National Security, esto como parte de una investigación que se ha relacionado con el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Aunque esto no ha sido confirmado. Sólo que hay un “pequeño detalle”: al hacer efectiva su orden de cateo, las autoridades están tratando a terceros como presuntos responsables de algún delito, ya que se les ha impedido la entrada al lugar y, con ello, la recuperación de sus pertenencias.

Pese a lo muy gandalla que luce este caso, en la Cámara de Diputados desistieron de llamar a comparecer al encargado de despacho de la PGR, Alfredo Elías Beltrán, para explicar a detalle por qué sus elementos procedieron con la incautación de bienes de particulares. En lugar de eso, sólo se le solicitó al hombre que – dicen – no cumple con los requisitos que el puesto exige, que informe sobre el operativo con el que se decomisaron las mil 500 cajas.

Además de lo anterior (y ya muy tarde), también se solicitó que se “ejecuten las acciones necesarias para garantizar el pleno acceso a los bienes de los ciudadanos usuarios de la persona moral First National Security en el municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo, conforme a las medidas impuestas desde el 9 de octubre y de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Así se las gastan los nuevos encargados de la PGR.

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