El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco. Aunque afirma que se respetarán las tierras ejidales de la región, del dicho al hecho hay un trecho que debe ser vigilado, sobre todo tomando en cuenta los antecedentes en la región y el reavivarse de tensiones entre ejidatarios y autoridades.
Si no recuerdas los hechos ocurridos en Texcoco y Atenco entre 2001 y 2006, aquí los recordamos, con la esperanza de que echar luz sobre los errores del pasado ayudará a evitar los del futuro.
El momento crucial ocurrió en el año 2006, una serie de enfrentamientos violentos tuvieron lugar en la ciudad de San Salvador Atenco. La policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia de Seguridad del Estado de México (gobernado entonces por Enrique Peña Nieto) la policía municipal chocaron contra los habitantes del pueblo, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de la Otra Campaña del EZLN. El incidente fue calificado como un atentado directo contra los derechos humanos por múltiples instituciones. Dejó como saldo la muerte de Alexis Benhumea y Javier Cortés, la detención de 207 personas (146 detenciones de ellas arbitrarias), la expulsión de cinco extranjeros y la denuncia por parte de al menos 26 mujeres por motivo de abuso sexual y violación por parte de los oficiales de distintas dependencias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó las violaciones a derechos y el uso excesivo de la fuerza del Estado.
El enfrentamiento tuvo lugar en un tenso contexto cercano a las elecciones presidenciales. Por un lado, la ciudad recibía a una comisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que trabajaba en la difusión de la iniciativa conocida como La Otra Campaña, que buscaba dar voz a las preocupaciones ciudadanas y campesinas de cara al proceso electoral.
Por otro lado, el Estado tenía una fuerte política de represión en contra del FPDT, fundado en 2001 para hacer frente a la construcción de un nuevo aeropuerto que estaría construido sobre tierras ejidales. Ambas organizaciones mantienen hasta hoy relaciones cercanas y sostienen un programa político y de defensa de la tierra de corte zapatista.
Entre 2001 y 2002, el Gobierno Federal, encabezado entonces por Vicente Fox, pretendió comprar las tierras de los ejidos donde sería construido el aeropuerto por el precio de 7.50 pesos por metro cuadrado, lo que contrastaba con las valuaciones realizadas por otras instituciones.Susana Medina, investigadora de El Colegio Mexiquense, aseguró en un estudio sobre el mercado de tierras que en América Latina el precio de los terrenos sin servicios en 2002 oscilaba entre 5 y 10 dólares el metro cuadrado, y que ya urbanizado se elevaba de 30 a 35 dólares. Otros grupos se oponían a la obra por motivos ecológicos y de ingeniería.
El conflicto en 2006 se desató cuando un operativo mal planeado de la policía buscó reubicar a un grupo de vendedores de flores en San Salvador Atenco. Los vendedores se resistieron y se enfrentaron a los policías. Vecinos de Texcoco y Atenco buscaron actuar en defensa de los floristas. Los vendedores usaron machetes para repeler a la policía y buscaron refugio en un casa, de la que serían desalojados más tarde. Otro grupo de manifestantes bloqueó la carretera Texcoco-Lechería, donde también se registrarían violentos encuentros con la policía. Esa noche, la policía reportaría la detención de 31 personas, entre ellas Ignacio Del Valle, uno de los principales opositores de la construcción del aeropuerto.
Más tarde, la Policías Federal levantaría un cerco de corte militar a la población. El número de detenidos entre el 3 y el 4 de mayo alcanzó las 290 personas. El Cisen calificó el operativo como “limpio”. Durante los días subsiguientes serían levantadas múltiples denuncias por violación a derechos, incluyendo casos de abuso sexual.
Ignacio Del Valle Medina, Héctor Galindo Cochicoa y Felipe Álvarez fueron acusados de “secuestro equiparado” y fueron condenados a 67 años y medio de prisión. Varias personas fueron acusadas por el mismo secuestro y obtuvieron condenas mayores a los 30 años.
En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la violación a los derechos humanos en el incidente de Atenco.
El 30 de Junio de 2010, tras una prolongada campaña en la que participaron distintas agrupaciones, y luego de la publicación del informe “12 presos por la defensa de la tierra”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de los condenados. 15 oficiales fueron expulsados de la fuerza policial y 6 más siguieron bajo investigación.
Enrique Peña Nieto ha sido criticado muchas veces por ordenar el uso de la fuerza bruta a las fuerzas de seguridad para resolver el conflicto.
Los hechos ocurridos en Atenco demuestran lo que el actual presidente de México está dispuesto a hacer para solucionar conflictos surgidos por la ineptitud de las fuerzas de seguridad.
Vía: Proceso