Por Diego Castañeda
La administración Trump se encuentra en medio de su triunfo más importante hasta ahora: lograron aprobar una reforma fiscal sumamente agresiva que disminuye el impuesto corporativo (el impuesto que pagan las empresas) de 35 a 21 por ciento. El partido republicano asegura que dicho recorte de impuestos generará mucho crecimiento económico durante los próximos años, atraerá inversiones hacia Estados Unidos y tendrá un impacto limitado en el déficit público (la deuda).
No obstante lo anterior, distintos especialistas como Paul Krugman, Bradford Delong y otros han expresado dudas sobre que tales efectos se materialicen. Por ejemplo, puede ocurrir mayor crecimiento pero de forma marginal, apenas un incremento de menos de medio punto. Respecto a la atracción de inversiones es posible que se den, pero no flujos masivos; respecto a la deuda pública, los estimados de 10 años apuntan a un incremento en el déficit de 1.5 billones de dólares (billones en español, trillones en inglés) lo cual es alrededor del 7 por ciento del tamaño de la economía de Estados Unidos o equivalente a toda la economía de Canadá.
Si bien los efectos macroeconómicos de tal reforma fiscal no parecen ser muy importantes, sus efectos en términos de distribución del ingreso sí lo son. Una reforma fiscal cuyos beneficios quedan capturados en su mayoría por la parte más alta de la distribución tendrá como efecto hacer aún más pronunciada la desigualdad de ingresos y riqueza entre la clase baja y media respecto a la clase alta en Estados Unidos.
Por otro lado, lo que nos interesa de este suceso para la economía mexicana se encuentra en el hecho de que existe mucho nerviosismo por las implicaciones que puede tener. Algunos comentaristas e instituciones, como cámaras empresariales, ya se han pronunciado sobre la necesidad del país de adoptar una medida similar y disminuir las tasas. Desde mi punto de vista ese sería un error, son opiniones motivadas más por el miedo y por intereses, que por un análisis cuidadoso de lo que podría suceder.
En primer lugar es incierto que México pierda competitividad respecto a Estados Unidos a causa de la reforma. La competitividad depende de factores que van más allá de la materia fiscal. Además, para la planeación de inversiones lo que cuenta no es la tasa impositiva per se, sino la tasa impositiva efectiva. Es decir, la tasa que se paga una vez que se realizaron deducciones. En Estados Unidos la reforma fiscal de Trump y los republicanos dejará dicha tasa efectiva alrededor del 19 o 20 por ciento; en México, a pesar de que nuestra tasa de ISR más alta para empresas es del 30 por ciento, en la realidad la tasa efectiva que pagan las empresas es de alrededor del 17.3 por ciento. Por lo tanto, México no está perdiendo competitividad, la tasa efectiva que se paga en México está incluso por debajo de la media de la OCDE. (Un estudio comparativo para decenas de países sobre las tasas impositivas fue realizado por la Universidad de Calgary y puede ser consultado aquí).
De forma adicional, si consideramos que el cobro del ISR para personas físicas y morales representa más del 50 por ciento de la recaudación de impuestos del país y que la mayor parte del mismo proviene del cobro a personas morales, entonces una disminución de impuestos implicaría por necesidad una pérdida de recaudación, un lujo que un país como México no puede darse. Una pérdida de recaudación de 1 o 2 puntos del PIB implicaría o un incremento de la deuda pública para compensarlo, un incremento en otros impuestos como el IVA en alimentos y medicinas con los costos en términos de pobreza que esto representa o una disminución en el gasto público con la posibilidad de que esto se refleje en servicios y bienes públicos de menor calidad, como los servicios de salud y en menor inversión.
La idea de seguir el mismo camino que Estados Unidos es apresurada y peligrosa para la estabilidad de las finanzas públicas en México. Además es francamente innecesaria, el tipo de reforma fiscal que requiere el país más bien es la de cerrar los distintos agujeros que hacen que la tasa efectiva sea tan baja, que facilitan que las grandes empresas e individuos eludan el pago de impuestos. También hace falta enfocarse al mismo tiempo en la calidad del gasto público. Ninguna de las dos cosas son producto de seguir ciegamente lo ocurrido en Estados Unidos.
El miedo es el camino al lado oscuro y en este caso probablemente infundado. El miedo a perder competitividad es el camino a una crisis de finanzas públicas en el futuro. El país necesita más seriedad al momento de discutir finanzas públicas, se necesita tener calma y hacer los cálculos, no dar por hecho efectos que no se sostienen en la realidad.
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Diego Castañeda es economista por la University of London.
Twitter: @diegocastaneda