Apenas van a presentar un plan anticrimen para el país que se sustentará en otro esquema de mandos policiales, pero antes de eso, el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que los elementos de seguridad que actualmente están reprobados deberían ser despedidos.
Así es, el más reciente reporte de las entidades federativas, entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica que 38 mil 639 elementos estatales y municipales de instituciones de seguridad pública no aprobaron las evaluaciones, además de unos 3 mil adscritos a instancias federales, como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración.
Es en los ayuntamientos donde hay mayores de no-aprobados, a quienes el SNSP clasifica también como «en proceso de depuración».
Osorio Chong expresó:
«Hemos sido claros con los gobernadores, con las entidades, que tienen que separarlos de su responsabilidad. No pueden estar en las calles en funciones de policía, en ningún estado o municipio».
También adelantó que el esperado anuncio que hoy dará Peña Nieto tendrá que ver con cambios a fondo en el mando único policial.
«Es parte de lo que veníamos trabajando junto con los municipios y estados. Por supuesto que es un momento para hacerlo uniforme para todo el país.
Hoy tenemos prácticamente en todo el país diferentes convenios y acuerdos entre gobernadores y presidentes municipales que hablan de mando único. Lo que hay que hacer es uniformar esos acuerdos».
En nuestro país hay más de 400 mil policías estatales y municipales. Según los diagnósticos oficiales, es en las municipales donde se concentra el mayor problema de infiltración del crimen organizado debido a su bajo nivel de capacitación, sus ingresos salariales y prestaciones sociales. También han sido las más afectadas por ataques y venganzas de las bandas delictivas. Entre el 2006 y el 2013, más de 2 mil 600 agentes fueron abatidos, de acuerdo con cifras de la ex Secretaría de Seguridad Pública.
Por otro lado, 2 mil 500 agentes municipales y estatales han sido detenidos y consignados por su participación en grupos criminales, entre estos Los Zetas, La familia michoacana, Los caballeros templarios, cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo, Los Rojos, Guerreros Unidos y Jalisco Nueva Generación.
Del total de corporaciones de seguridad municipales, el 70% de ellas tienen plantillas pequeñas, de alrededor de 20 a 30 agentes, sin considerar que hay municipios con una alta incidencia delictiva que tienen un nivel de rotación o de contratación de personal que llega a ser del 80% anual, debido al alto número de renuncias.
Como vemos, no sólo hay que combatir la corrupción y la impunidad. También hay que hacer un cambio radical en las distintas policías para mejorar sus condiciones de trabajo, garantizar su capacidad de respuesta y darles capacitación para que haya mejor comunicación interinstitucional, además del respeto a los derechos humanos y erradicar el abuso de autoridad. Asimismo, resultan necesarias fiscalías descentralizadas y autónomas que vigilen el estado patrimonial de los miembros de las fuerzas de seguridad, de tal suerte que pueda evitarse con mayor eficiencia la corrupción.
¿Pero despedirlos será la mejor solución? Tal vez deberíamos gastar en capacitar a aquellos que no resultaron corruptos, pero tampoco aptos para el empleo. La Federación podría darse ese lujo (o satisfacer esa necesidad) en vez de estar gastando en tratos para conseguir casas millonarias, aviones o ultramegaproyectos. Pensemos que el despido de policías podría traducirse (en el peor de los casos) en un reforzamiento de las filas de los criminales.