En República Dominicana, el nacionalismo ha alcanzado niveles alarmantes. El 23 de septiembre de este año, el creciente posicionamiento antihaitiano se concretó en una polémica ley que dejará a medio millón de personas sin patria: se revocará la ciudadanía de descendientes de extranjeros irregulares nacidos en el país durante los últimos 84 años.

Los países miembros de la Comunidad del Caribe han decidido poner en duda la incorporación de República Dominicana al bloque. Organizaciones No Gubernamentales han expresado su descontento y múltiples movimientos dentro de la isla han buscado vías de diálogo con las autoridades para echar atrás la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, todo indica que no se revertirá la decisión de negar la ciudadanía de todos los dominicanos de ascendencia extranjera y de sus descendientes, ley que tiene un efecto retroactivo que alcanza a los inmigrados desde 1929.

Los principales afectados por esta legislación serán todos los jornaleros haitianos ingresados al país con el favor del gobierno para la explotación de plantaciones de caña de azúcar y algodón. Los ministros han prestado oídos sordos a los tratados internacionales que establecen la no retroactividad de la ley. Actualmente, abogados opositores tienen noticia de más de 300 casos de procesos de desligitimación de cédulas de identidad (invalidación de los documentos de ciudadanía dominicana) que el estado ha iniciado sin siquiera dar aviso a quienes las portan.

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Procesos sectarios, nacionalistas, racistas y xenófobos como éstos tienen lugar cuando una crisis económica y o política causada por la corrupción y mala administración de los grupos de poder busca ser explicada a partir de procesos externos a la identidad de los afectados. Se trata de una purga de culpa y de una limpia de responsabilidades descarada. En el caso de República Dominicana, aquello se suma a una de las estrategias más cínicas para impedir la participación en el poder de grupos que disienten del que lo ostenta.

Específicamente, el sentimiento antihaitiano fue promovido por el gobierno de derecha ante la posibilidad, en 1990, de que José Francisco Peña Gómez, líder negro y abogado de izquierda, obtuviese la mayoría en las votaciones presidenciales. En efecto, Peña Gómez fue candidato en tres ocasiones consecutivas para la presidencia de República Dominicana por el Partido Revolucionario Dominicano. Nacido en 1937, fue adoptado por una familia de campesinos dominicanos cuando sus padres haitianos huyeron de la matanza de migrantes ordenada por el entonces dictador Rafael Leonidas Trujillo.

peña gómez

Después de su derrota en 1990, Peña Gómez obtuvo el triunfo en 1994, pero fue víctima de un fraude electoral orquestado por el presidente Joaquín Balaguer, quien aspirara a la reelección. Luego de un espinoso proceso jurídico, la derecha admitió el fraude y logró un pacto con la izquierda que contemplaba llamar de nuevo a elecciones en 1996, legislar en contra de la reelección y en favor del modelo de segunda vuelta electoral.

En 1996, Peña Gómez ganó la primera vuelta con el 47% de los votos, pero en la segunda fue derrotado por la alianza del conservador Partido Reformistas Socialcristiano de Balaguer y el socialdemócrata Partidos de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández se convirtió así en el líder del ejecutivo, puesto que volvió a ocupar entre 2004 y 2012.

El Sociólogo dominicano Wilfredo Lozano aseguró en entrevista para El País que fue entonces que Leonel Fernández abrazó las políticas conservadoras antihaitianas y convirtió a los inmigrantes del país vecino en enemigos del estado dominicano. De esta manera, buscó evitar el regreso de Peña Gómez a la contienda electoral y comenzó a expurgar puestos públicos de simpatizantes de izquierda.

La nueva legislación es el golpe definitivo al legado de Peña Gómez, quien murió en 1998. El que fuera su propio partido ha comenzado una limpieza de hondureños en sus filas y ha visto con ojos precavidos las exigencias ciudadanas de reaccionar en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. La Junta Central Electoral, institución que a su vez sirve de registro civil, ha comenzado la revisión de sus listas para eliminar miembros. Ciudadanos con apellidos franceses son detenidos y sus papeles revisados por levantar sospecha de antecedentes haitianos en su familia.

El argumento utilizado por los juristas conservadores es el siguiente: la constitución no ampara a los hijos de padres extranjeros que se encuentren ejerciendo funciones diplomáticas ni de aquellos que se encuentran en condición de “tránsito.” Inmediatamente, procedieron a considerar en condición de “tránsito” a todos aquellos extranjeros que no hubiesen obtenido la ciudadanía dominicana. De suerte que, según el más reciente censo oficial, 450 mil personas han vivido en “tránsito” hasta por 80 años.

500 mil ciudadanos dominicanos perderán su nacionalidad, sus hijos no podrán ingresar a escuelas y todos corren el riesgo de ser “deportados” a un país en el que no nacieron, cuyo idioma no hablan y cuya cultura desconocen.

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Vía: El País.

 

 

 

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