Bueno, con la reciente salida de los exgobernadores Guillermo Padrés y Andrés Granier, no hay que juzgar el intento de Roberto Borge. En una de ésas, es chicle y pega.
Sin llamar mucho la atención, este fin de semana el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, emprendió su intentona para ver si el gobierno de la Cuarta Transformación le concede salir del bote. De acuerdo con La Jornada, el buen Betito hizo – por primera vez desde que lo apañaron en 2017– uso de la palabra, para declararse inocente y ver si con él también aplica la amnistía.
“Primero que nada le recuerdo a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación, quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la administración anterior y hago responsable a la PGR cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”, señaló el exmandatario priista durante una audiencia celebrada el viernes pasado.
Como puede leerse, además de declararse inocente, Borge culpa a la pasada administración de echarle culpas ajenas. Según el exgober, no han podido acreditarle el delito de lavado de dinero y, por ello, solicitó al recién nombrado fiscal general, Alejandro Gertz Manero, revise la causa penal que existe en su contra.
Las declaraciones de Borge no venían mucho al caso, ya que la videoconferencia en la que compareció desde una rejilla de prácticas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), había sido solicitada para la ampliación de la investigación complementaria… y así se lo recordó su propia defensa. “Nada más solicitar esa revisión a las nuevas autoridades de la nueva Fiscalía y me declaro inocente”, agregó el exmandatario de Quintana Roo.
Respecto a la solicitud de ampliación del periodo para la investigación complementaria, la defensa de Borge argumentó que por causas ajenas a ellos no logró reunir las evidencias necesarias para contrarrestar las imputaciones a su cliente… no hay bronca: el juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, concedió dos meses más de plazo para ver si los abogados del exmandatario hacen la hombrada y consiguen presentar pruebas de descargo contra las acusaciones de lavado de dinero con daño al erario público por más de 900 millones de pesos.