El alcalde de Los Cabos, Baja California Sur, José Antonio Agúndez Montaño, y su tesorero, Gerardo Manríquez Amador, deben ser los funcionarios con la peor suerte del mundo… porque de otra forma no podríamos explicarnos la cantidad de veces que los han extorsionado por cosas tan mundanas como unas cobijas y cajas fuertes.
Verán: en el 2012, estos señores fueron las víctimas de una terrible extorsión. Bueno, en realidad no fue tan terrible, sino que se limitó a un asunto telefónico. Ese año, unos tipos llamaron al tesorero del municipio diciéndole que tenían secuestrada… la ropa de unos donativos hechos por el Ayuntamiento y, que si querían que llegara a su destino, debían caerse con unos buenos 640 mil pesos. Ante la trágica y mortal situación, el tesorero decidió sacrificarse y hacer el pago… sólo que no le contó a nadie (bueno, a casi nadie).
El asunto salió a la luz hasta agosto de 2013, tras un juicio interpuesto por el Semanario ZETA contra el Ayuntamiento. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ordenó a gobierno municipal dar a conocer las cuentas calificadas como reservadas y confidenciales y voilà!, 640 mil pesotes por concepto de extorsión. Un caso claro como el agua. Afortunadamente, a la ropa no le pasó nada y todo salió muy bien… excepto por todas las cuentas del municipio que se dejaron de pagar.
Más tarde, a principios del 2013, el mismo gobierno de Agúndez Montaño sufrió un robo de medio millón en el que estuvieron involucrados empleados municipales.
Por otro lado, y cuando todos pensábamos que los problemas del municipio habían terminado, este 01 de febrero, la Tesorería de Los Cabos fue atacada por criminales de película con soplete y toda la onda. El saldo: 3 millones 130 mil pesos (suficiente para pagar casi cinco secuestros de ropa).
De acuerdo con los peritos, los tipos eran todos unos profesionales: violaron las chapas y los candados de siete puertas y se llevaron no sólo el dinero de la reserva de la tesorería, sino también el listado de los trabajadores que ya habían cobrado y el de los que no. Violaron dos cajas fuertes, una que se encuentra en el área donde se lleva a cabo la recaudación y otra más en las oficinas del encargado de nómina.
Así que: o José Antonio Agúndez Montaño y algunos de sus funcionarios, como Gerardo Manríquez Amador son los servidores públicos más salados del mundo o hay algo por ahí que no está funcionando bien… pero no, no hagamos conjeturas desafortunadas. Las autoridades competentes ya advirtieron que podría haber sanciones para empleados del gobierno si algunos de ellos resultaran responsables de alguno de estos episodios y, asimismo, se realizan constantes exámenes de confianza. Nada puede estar mal al interior de las instituciones de Los Cabos ¿no creen?