En lo que parece un plan con maña de las autoridades para que ‘chicle y pega’ a la controvertida política mexicana se le pierda la salida —como ir de visita a Satélite—, Rosario Robles Berlanga se presentó a su audiencia esta mañana en el Reclusorio Sur. La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) conocerá este jueves, 8 de agosto, las acusaciones en su contra tras los escándalos de corrupción destapados en ‘La Estafa Maestra’.

“Lo único que les quiero decir en este momento, porque voy a entrar a conocer apenas. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”, mencionó Rosario Robles en la chacaleada de medios a las afueras del reclusorio ubicado en la demarcación Xochimilco.

Acompañada de su equipo de abogados encabezado por Julio Hernández Barros y de su hija —la diputada local Mariana Moguel—, ‘Chayito’ conocerá esta mañana los delitos que le acusan tras los escándalos de corrupción que le han balconeado. Al mismo evento llegó personal de la Fiscalía General de la República (FGR) encargado de dar a conocer la imputación oficial. De acuerdo con El Financierotambién asistieron personas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cargando un expediente de seis tomos. 

Entre gritos, rechiflas y un vestido de encaje blanco —¿neta consideran eso importante?—, se espera que acusen a Rosario Robles de ejercicio indebido del servicio público. 

Por si andan con el pendiente el “ejercicio indebido del servicio público” es un delito menor tipificado en el Artículo 214 del Código Penal Federal y solamente incluye una pena de tres días a un año de prisión… acompañado de una multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario.

¿Y por qué ingresó al reclusorio? Es nomás el trailer de lo que se espera. No, ya en serio… es porque la audiencia en la imputarán a Rosario Robles se organizó en a sala uno de oralidad del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur.

*Con información del Financiero y fotografía de Daniel Sánchez // El Economista