Los abogados de Rosario Robles no se podrán quejar: chamba tienen. Luego de presentar ooootro amparo contra la prisión preventiva, se echaron una impugnación. Ahora contra la negativa de amparo para el juicio político de la extitular de la SEDESOL.
De acuerdo con La Jornada, la defensa de Chayito Robles impugnó la decisión de un juez federal de no amparar a la exfuncionaria contra el juicio que le armaron en la Cámara de Diputados… el cual va casi de la mano del proceso que tiene entambada a la exfuncionaria en Santa Martha Acatitla.
Desde el año pasado, los legisladores que forman la Sección Instructora en San Lázaro dieron luz verde al juicio político contra Robles por haberse hecho de la vista gorda ante desvíos millonarios, esto mientras era titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Fue el pasado 26 de diciembre cuando el juez primero de distrito en materia administrativa, con sede en la CDMX, le amargó la llegada del año nuevo a Chayito: sin mucha argumentación, desechó la solicitud de amparo contra el juicio político.
En ese momento, la defensa de Rosario Robles acusó que, con al enjuiciar a su clienta, los legisladores caen actos de responsabilidad política y jurídica. Incluso advirtieron que acudirían ante instancias nacionales e internacionales para exigir la reparación del daño a los derechos humanos de la exfuncionaria…
Sin embargo, parece que antes de ir ante dichas instancias, van a probar si el juez no se arrepiente y, ahora sí, les da la razón en el asunto del amparo.
De acuerdo con Proceso, a partir de se abre un periodo de 30 días naturales para que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados realice su investigación y presente pruebas en contra de Rosario Robles.
Luego de ese periodo, la Sección Instructora deberá formular sus conclusiones y entregarlas a los secretarios de la Cámara. Con esto, se tiene previsto que, casi simultáneamente, Rosario Robles conocerá lo que le depara con los dos procesos que tiene en contra: el de la Fiscalía General de la República y el de los legisladores.