En 2011 en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, fueron encontrados al menos ciento veinte cuerpos sin vida en varias fosas clandestinas. De acuerdo con los informes del estado, los cuerpos fueron encontrados entre el 6 y el 14 de abril de 2011 en el mismo lugar en donde en agosto de 2010 se encontraron los cuerpos de 72 inmigrantes indocumentados que se dirigían a Estados Unidos.
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) —ahora Fiscalía General de la República FGR— tiene que reconocer a los familiares su calidad de víctimas y les tiene que permitir el acceso al expediente con las copias solicitadas.
Tras los lamentables sucesos de las fosas clandestinas ubicadas en el Municipio De San Fernando, Tamaulipas, la Primera Sala reconoció la calidad de víctimas de los familiares y les concedió acceso y copias de toda la averiguación previa del caso. pic.twitter.com/fUhBJgL9Ds
— Suprema Corte (@SCJN) 21 de febrero de 2019
Resulta que el Ministerio Público entendió la solicitud de copias en el sentido más limitado posible, situación que es incompatible con los derechos de las víctimas. Es por ello que se ordenó la expedición de copias de todas las constancias que integran la investigación.
Dos años después de lo sucedido, la PGR informó que la policía municipal de San Fernando estuvo involucrada en la matanza y que los responsables fueron miembros del cártel de los Zetas. Se trata de dos agentes que realizaron labores de “halconeo”, es decir vigilar la zona para los criminales, así como en la detención de las personas y en la posterior entrega a Los Zetas.
Policías de San Fernando participaron en matanza masiva de migrantes, según información de la PGR http://t.co/JTPKcbHYJq
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 23 de diciembre de 2014