Como recordarás, un debate político en torno al salario mínimo surgió recientemente en México. El problema es sencillo: los 63.77 diarios del salario mínimo realmente no alcanzan para comprar una canasta básica, cubrir gastos de vivienda ni de servicios básicos. Para terminar pronto: en un gran número de casos, no alcanza ni para el transporte.
Por este motivo, tanto el PAN a nivel nacional, como el PRD a nivel local, impulsaron iniciativas para lograr un aumento en el salario mínimo. En realidad el tema es escabroso: lograr un aumento suficiente que a su vez no implique una eventual inflación es una cuestión complicada, aunque posible.
Los partidos políticos de oposición, sin embargo, no han presentado un modelo robusto que contemple todos los detalles a considerar para lograr un aumento, que van desde aspectos macroeconómicos hasta hábitos de gasto y crédito de los mexicanos.
El PAN, que continuamente ha acusado a la izquierda de realizar prácticas populistas, se limitó a proponer una consulta ciudadana. El PRD hizo exactamente lo mismo. De realizarse tal consulta, los datos no resultarían polémicos ni sorprendentes: es obvio que todos queremos un aumento en el salario. De eso no hay duda.
Más allá de la posible luz que pudiera arrojar o no tal consulta, ésta no se llevará a cabo, como lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el día de hoy determinó que es improcedente.
Básicamente, la corte precisó dos razones fundamentales para negar la consulta. La primera es que contradice el artículo 135 constitucional, que “excluye la posibilidad de consultar cualquier asunto que tenga que ver con ingresos y gastos del Estado”. Si se piensa detenidamente, es natural que exista tal impedimento: en realidad, constituiría nada más que un barril sin fondo de capital político, pues los partidos intentarían llevar a consulta ciudadana cada gasto que el rival en el poder considere necesario.
La segunda es que el salario mínimo es, al mismo tiempo que el sueldo real de muchos, la unidad de medida específica para cosas como las sanciones, multas, políticas financieras y leyes de egresos e ingresos.
Por su puesto, resulta indispensable crear un mecanismo a través del cual los ciudadanos podamos ejercer cierto poder sobre los gastos del Estado y, por otra parte, resolver el problema de la necesidad de un incremento al salario actual de los mexicanos también es urgente. Por eso, cabe preguntarse si un aumento por decreto es el mejor mecanismo para lograrlo.
Por otro lado, es claro también que las empresas privadas no estarán de acuerdo en tener pérdidas debidas a un aumento en el salario y que, por el momento, la decisión de la corte les resulta conveniente. En realidad, se necesitan una serie de normas que garanticen los derechos de los trabajadores. Se trata de una reforma laboral mucho más profunda que la realizada a finales del sexenio de Calderón y que, por supuesto, debería encontrar los mecanismos adecuados para que el salario crezca junto a la productividad.
Quizá lo más grave de la discusión ocurrida en la Corte es que reveló las lagunas legislativas que existen en torno a la figura de la consulta ciudadana. En realidad, la figura necesita un conjunto de leyes secundarias claras para llevarse a cabo. El día de hoy, los ministros evidenciaron que ni siquiera está claro si una consulta habría de tener carácter vinculante (es decir, si obligaría a legislar o a ejecutar acciones al gobierno según sus resultados).
Con todo, la Corte no votó en contra de manera unánime. Se trató de una decisión tomada por 6 votos a favor de rechazar la consulta y 4 a favor de permitirla.
Tan sencillo como el problema resulta comprender que toda iniciativa de aumento al salario que se fundamente únicamente en el deseo ciudadano de obtener un mejor ingreso no tiene otro objetivo que el de lograr popularidad para el partido que la propone y que no cuenta con ninguna base sólida para que sea procedente. En otras palabras, del dicho al hecho, hay mucho trecho, aunque a los políticos muchas veces les basta decir para cumplir.
Prometer o proponer un aumento al salario mínimo es sencillo; explicar el mecanismo por el que resultará efectivo y posible, no lo es. En realidad, un aumento es posible, siempre que las empresas no puedan argumentar que su productividad se verá afectada. Para eso, hace falta una disposición política enorme y una legislatura muy precisa.
Los mexicanos nos merecemos una propuesta de crecimiento económico completa y sustentada, cosa que ni el gobierno federal ni la oposición han logrado ofrecer.
Vía: La Jornada