La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las reformas hechas a las leyes antiaborto por los Congresos estatales de Oaxaca y Guanajuato.
Mientras estábamos absortos con la visita de Obama, la Suprema Corte de Justicia validó las reformas hechas por el Congreso de Oaxaca al artículo 12 de la Constitución estatal para “garantizar y proteger el derecho a la vida, estableciendo la protección de la ley para todo ser humano desde el momento de la fecundación”. Así mismo validó las hechas por el Congreso de Guanajuato, el cual reformó el artículo 1 de la Constitución estatal para definir que “es persona todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, además de que el Estado garantizaría el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.
Los ministros, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán desecharon las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca y Uriangato, Guanajuato en donde los ayuntamientos alegaban que la legislación antiaborto afectaba el ámbito de competencia de las autoridades municipales en el ámbito de la salud (por ejemplo, estas leyes impiden aplicar la norma oficial mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, ya que ésta obliga al personal del sistema de salud a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia –como lo es la pastilla del día siguiente–). En la votación final, estuvieron ausentes dos ministros, Sergio Valls (quien se retiró del salón de sesiones al momento de la votación), y Olga Sánchez Cordero (quien no asistió a la sesión).
Lo trascendente aquí es la politización del cuerpo femenino, la autoridad se está encargando de regular los nacimientos y de controlar la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo (a eso se le llama biopolítica, la política de hacer vivir y dejar morir, veamos algún posible efecto de leyes como éstas: se deja morir a las madres ¿y quiénes son estas madres? No son mujeres ricas –por ejemplo, las hijas de los políticos–, esas pueden venir a abortar a la ciudad o irse al extranjero para hacerlo de manera segura, las mujeres a las que se les pone su vida en riesgo son las que no podrían costear el traslado). Pensar que las restricciones legales detienen los abortos, es un error, si las personas deciden hacerlo, lo harán con o sin el consentimiento de la ley.
El aborto es y seguirá siendo un tema polémico, implica dilemas de muy difícil resolución, tanto filosóficos como biológicos. Pero, independientemente de las posturas que cada quien quiera asumir, el Estado es responsable de garantizar el bienestar integral de sus ciudadanos; con este tipo de restricciones jurídicas,el resultado es que las mujeres aborten en condiciones insalubres y desde la clandestinidad aumentando las probabilidades de que mueran.