El hecho de que una agresión contra un periodista no culmine en muerte y desaparición, no la hace menor ni descartable; en especial cuando ésta se da por parte de un organismo como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Lo peor es que se da pocos días después del discurso presidencial, en el que Peña Nieto calificó como una “emergencia nacional” las agresiones y homicidios contra periodistas y medios informativos y en el que pidió un minuto de silencio por los periodistas asesinados…
El presidente pide un minuto de silencio, los periodistas: justicia. pic.twitter.com/lbbWS2AGkQ
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 17 de mayo de 2017
El miércoles 24 de mayo, la SEDENA negó el acceso a Jesús Aranda, reportero de La Jornada, a la ceremonia de inauguración del Congreso internacional de obesidad y diabetes que se realizó en el Centro Militar de Ciencias de la Salud. El diario afectado reporta que justo antes de que Jesús abordara el autobús que llevaría a la prensa al sitio del congreso, un oficial de la Dirección de Comunicación Social se acercó al reportero y le dijo que no podía subir, ya que ‘‘no había sido invitado’’.
Esto fue sólo la gota que derramó el vaso, pues resulta que desde principios de 2017, la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena dejó de enviar comunicados e invitaciones para actos públicos a La Jornada y al reportero que cubre esa fuente. Lo anterior sin explicación alguna. El periódico presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ésta respondió de manera favorable el viernes 26 de este mes que corre.
A través de un comunicado, la CNDH solicitó al Director General de la SEDENA, el General José Carlos Beltrán Benites, la implementación de medidas cautelares en favor del periodista Jesús Aranda Terrones y del diario La Jornada, para evitar daños al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Estas medidas incluyen dos cosas primordiales: primera; que la SEDENA se asegure de que se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso, sin distinción alguna, a los medios informativos y reporteros acreditados ante esa dependencia. Segunda (que va de la mano con la anterior); evitar que los servidores públicos de dicha secretaría nieguen el acceso a los representantes de los medios de comunicación a los actos que se realicen en las instalaciones de ésta.
Asimismo, la CNDH consideró que, independientemente de lo que sea que haya motivado a la SEDENA a censurar de esta manera al reportero y periódico, deben tomarse estas medidas para evitar que los actos denunciados vuelvan a ocurrir, ya que se están “afectando los derechos a la libertad de expresión y a la información tanto del periodista como del medio de comunicación antes señalado y sus lectores, poniendo en entredicho la garantía de una sociedad plural y diversa”.
Si bien se agradece la pronta respuesta de la CNDH, es lamentable que este tipo de censura ocurra, pues nos demuestra nuevamente que la libertad de prensa y expresión se tambalean y existen de forma precaria en nuestro país.