Con 78 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó el dictamen de reformas a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos para que los agentes de seguridad extranjeros puedan portar armas durante su estancia en territorio mexicano sin la necesidad de que sean aprobadas previamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La propuesta, ahora aprobada, fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Aunque el objetivo de la modificación busca que agentes de seguridad, aduanales y migratorios extranjeros porten armas durante operaciones cortas en el país, o en sus espacios de trabajo, lo cierto es que ha motivado una discusión amplia sobre los riesgos que implicaría la presencia de hombres extranjeros armados en territorio mexicano.
Las armas que podrán usar los agentes no podrán superar un calibre de .40 milímetros. Además, los agentes aduanales y migratorios no podrán portarlas fuera de los locales y recintos designados para sus actividades.
Por otro lado, los funcionarios mexicanos que participen en actividades migratorias o aduaneras en otros países deberán dar aviso a la SEDENA sobre la salida y la entrada de sus armas al iniciar y finalizar las operaciones, esto con base en el principio de reciprocidad y acuerdos interinstitucionales.
Los legisladores del PRD y el PT fueron los principales opositores del dictamen. De acuerdo con los argumentos presentados, la nueva disposición viola la Constitución, pues da un paso hacia la pérdida de la soberanía nacional y el monopolio de la violencia por parte del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, permitiendo que otros países (principalmente Estados Unidos) usen armas de fuego en territorio nacional sin dar aviso a las autoridades.
¿Cabrá esperar un episodio como el del operativo “Ràpido y Furioso”, pero esta vez con agentes incluidos?