Lo que necesitas saber:
"Aumentar penas no es la solución para prevenir la comisión de delitos", ha indicado el SIPINNA.
Se trata de un tema complejo que los personajes políticos suelen tomar para promover iniciativas penales pero, ¿realmente aumentar las sentencias en casos de violencia cometidos por adolescentes es la solución?
Más allá de las primeras reacciones, en Sopitas.com conversamos con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien nos explicó que este tipo de iniciativas nos colocan en un falso debate y por qué.
¿Aumentar sentencias vs. adolescentes en casos de violencia es la solución?
“Lo primero que tenemos que ubicar es que México ha avanzado de manera muy importante en términos legales.
Normativamente, México es de los más avanzados en la región en términos de derechos humanos.
Eso es una buena noticia porque nos habla de que con todas las tensiones y dificultades podemos tener, como país, estos avances en el estándar internacional de los derechos humanos”.
Sin embargo, Juan Martín Pérez nos explicó que estos avances no fueron compartidos de manera correcta con la población. Es decir, la información no llegó ni se trabajó donde debía.
“Se quedó en los ámbitos de gobierno, incluso, podemos decirlo, en las élites de las universidades, organizaciones”.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia también nos explicó que la complejidad de los casos de violencia de adolescentes se inserta en una especie de falso debate —como el que ha surgido con el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos.
¿La razón? Se pone en juego el reconocimiento de los derechos sin mirar los contextos y responsabilidades sociales e institucionales.
En el caso de los/las adolescentes, se prioriza el castigo como una solución sin profundizar en los mecanismos para prevenir los casos de violencia o atender una reinserción integral y sin reincidencias.
“Lo que sí tenemos que debatir y tratar de cuidar y acompañar tiene que ver con cómo le informamos a la gente sobre estos avances normativos.
Y esto que hemos logrado como país para que las personas lo vean como parte de la protección que tienen junto con sus hijos e hijas y no quede en un tema como de ‘los derechos humanos sólo protegen a los delincuentes”, enfatizó Juan Martín Pérez.
¿Qué dicen las investigaciones?
En 2026, a 10 años de la publicación de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Tejiendo Redes Infancia compartió datos importantes sobre sus resultados.
Como la reducción del internamiento adolescente, aunque con el reto de construir una política pública fuerte para prevenir y responder a las violencias.
O datos que frenan los llamados a sentencias más largas o retrocesos en derechos humanos ante casos de alto impacto.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del INEGI, en 2024 se abrieron 2 millones 139 mil 228 carpetas de investigación.
De estas, sólo 1.3% estaban relacionadas con casos de justicia para adolescentes.
“Sabemos con datos oficiales que 35 mil adolescentes fueron imputados por delitos”.
De ese universo, solo mil 500 cometieron delitos graves. Es decir, .006% de las carpetas de investigación abiertas.
“Esto no le quita gravedad y para eso hay que explicarle a la gente que tenemos instituciones que funcionan, que hay un Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes”.
Un hecho que refuerza esta idea es que casi el 100% de los adolescentes imputados reciben una sanción de acuerdo a la norma.
“No hay impunidad a diferencia del mundo adulto, donde por cada 100 carpetas de investigación sólo 5 o 7, dependiendo el delito, logran sentencias”, señaló Pérez García.
En el caso de los adolescentes, casi el 100% tiene sentencia. Además, hay que tomar en cuenta otro factor:
“Hay cada vez más evidencia científica que nos muestra que el cerebro de las y los adolescentes está en una etapa de desarrollo donde la impulsividad es mucho más predominante que la valoración del riesgo o del daño que pueda causar”.
Con esta información, Juan Martín Pérez indicó que la plasticidad del cerebro de los adolescentes que han cometido delitos graves puede cambiar. Junto con ella la trayectoria inicial de su vida vinculada a un hecho delictivo.
“Los datos oficiales muestran que hay pocas reincidencias. ¿Cuántos vuelven a ser sancionados? Menos del 1%”.
La clave está en la prevención
Lorenza Villavicencio, secretaria Ejecutiva del SIPINNA (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) explicó que aumentar las sentencias no es la solución para prevenir los delitos.
Que la verdadera respuesta para evitar estos casos radica en atender las causas estructurales. ¿Cómo?
- El cambio de los contextos.
- El fortalecimiento de los procesos de reinserción familiar y social.
- Y las garantías para la restitución integral para las víctimas directas e indirectas.
“El Estado está alejado”
“Cuando hablamos de que el estado falla porque no hace prevención nos estamos refiriendo a que no hay presupuesto”.
Juan Martín Pérez hizo la comparación de la inversión que hizo el gobierno de México para organizar el Mundial 2026. ¿Ejemplos? Las procuradurías de protección sin recursos para operar. O la falta del seguimiento de la operación de políticas públicas.
A este panorama se suma el fenómeno de la normalización de la violencia. En estos casos representa “un riesgo que (niños, niñas, adolescentes) vivan en su cuerpo la violencia, que en su entorno la validación de esta sea el código de solución de los conflictos”, indicó Pérez García.
Entonces, ¿es una solución?
“Aumentar penas no es la solución para prevenir la comisión de delitos”, ha indicado el SIPINNA.
Al final, la labor está en informar sobre las coberturas y capacidades del Sistema de Justicia para Adolescentes y la completa intervención del Estado y medios para difundir información veraz y con ética de estos complejos casos, más allá de apostar por primeras reacciones.
“Tenemos que informar, orientar para que la gente tenga una opinión propia”, concluyó Juan Martín Pérez.
