Hace unas semanas el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se haría lo posible por no expropiar propiedades afectadas por el sismo del pasado sismo del 19 de septiembre… pero, si no había de otra (por ejemplo, cuando los predios no tuvieran dueño), con todo el pesar se procedería con el agandallamiento de bienes.

Y bueno, aunque el predio de Álvaro Obregón #286 sí cuenta con dueños, la Secretaría de Finanzas del gobierno de la CDMX detectó que éstos no estaban al corriente con sus pagos con la administración capitalina, razón suficiente para que el espacio de 2 mil 400 metros cuadrados sea expropiado. “Seremos muy respetuosos, como gobierno, para no generar alguna acotación o esquema de violación de derechos fundamentales o humanos”, advirtió el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, sin dar a conocer de cuánto era el monto del adeudo y por qué no se dio chance a los dueños de saldarlo.

Granados señaló que el proceso de expropiación podría demorar por lo menos un mes, ya que – para que no digan que son gachos – se les otorgará una audiencia a los propietarios del predio… aunque sólo será para que se ratifique el “acuerdo” y se establezca la causa de la utilidad pública del terreno. Pero mientras lo anterior sucede, Miguel Ángel Mancera señaló que el espacio será utilizado para construir un memorial en honor a las víctimas del sismo. “Debe de ser algo emblemático”, dijo el jefe capitalino, al apuntar que el gobierno capitalino no impondrá un diseño, sino que se trabajará con las familias de las víctimas, para encontrar la mejor opción. Hay que recordar que el predio localizado en la colonia Roma Norte fue el lugar de la CDMX donde más personas murieron (49 víctimas).

Covarrubias agregó que por ahora se ha dictaminado que 58 inmuebles tienen que ser demolidos. Sobre esto, hay 27 procedimientos de notificación, de los cuales 23 ya están concluidos y cuatro siguen en proceso y, aunque no lo crean, nadie ha reclamado por estos procedimientos. “No tenemos ningún juicio de amparo o esquema en el cual haya una afectación de derechos por algún procedimiento del Gobierno de la Ciudad de México”, agregó el consejero jurídico.

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