Después del sismo de 1985 se establecieron normas para la construcción que, seguidas al pie de la letra, harían que ningún edificio levantado de 32 años para acá pudiera colapsarse ante un fenómeno natural como el ocurrido el pasado martes. Bueno, ya vimos que no fue así y casos como el del Residencial San José y el Colegio Rébsamen apuntan a que tanto autoridades como las mismas constructoras se han pasado por el arco del triunfo las regulaciones, valiéndoles gorro la seguridad y vida de miles de personas. Algo que desde hace tiempo se sospechaba, pero que ahora vemos materializado en terribles consecuencias.
El Residencial San José era un edificio nuevo y de “última tecnología” pero se derrumbó a causa del sismo… https://t.co/mllLC91MqN pic.twitter.com/4ZnpBWyQMZ
— Sopitas (@sopitas) 22 de septiembre de 2017
Según investigaciones hechas por Sinembargo, al menos 47 de los edificios que se colapsaron la semana pasada y algunos que presentan daños graves en su estructura son fruto de la corrupción. Algunos estaban dañados desde 1985 y otros se construyeron fuera de todas las normas. NO obstante, de acuerdo con especialistas consultados por La Jornada, es difícil que los damnificados puedan reclamar jurídicamente la reposición de sus viviendas y su caso llegue a buen término. Al menos eso lo indican las estadísticas de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros (AMIS), la cual tiene el registro de sólo dos demandas que resultaron con el pago de pólizas por terremotos, esto en el periodo 1985-2012. Como lo señaló el representante legal de Residencial San José: el temblor del martes “fue inédito” y la constructora no tiene culpa de ello.
EL hecho de que sea “inédito” no releva de responsabilidad por negligencia a constructora y DRO https://t.co/bM5b4KNKor vía @Pajaropolitico
— Jorge Medina (@JorgeMedina1974) 25 de septiembre de 2017
¿Entonces ya tienen todo perdido? No. “Sólo” será que las autoridades apliquen el rigor que se requiere, ya que –agrega La Jornada– en los contratos debería estipularse que ante “vicios ocultos” las compañías habrán de responsabilizarse de daños producidos por defectos de construcción. Entonces, para “promover un juicio por la vía civil “deben realizarse peritajes que comparen el tipo de materiales que se usaron contra los que se especificaron en los permisos de construcción”, señala el abogado Leonel Rivero. Ahí es donde inquilinos de construcciones como Residencial San José tendrían –en teoría– la de ganar, ya que, según Animal Político, ellos compraron sus departamentos bajo la promesa de adquirir un inmueble con diseño de “última tecnología” y, en lugar de eso, recibieron instalaciones supuestamente hechas con materiales endebles y de baja calidad.
“No puedo entender cómo es que en la colonia Portales, una de las más afectadas, se cayeran edificios con menos de cinco años de vida útil y, a un lado, está un edificio con 20 o 25 años de antigüedad. Traducción: el edificio viejo está bien hecho y los nuevos bajo el esquema de la corrupción”, explica para The Huffington Post, Salvador Mejía, de la firma Asimetrics.
Para demostrar lo anterior se requerirán peritajes para ver si la obra se realizó de acuerdo con las normas de construcción de la Ciudad de México y si no fueron utilizados materiales distintos a los que los planes de desarrollo han aprobado. Otro elemento que podría reclamarse es que el propietario identifique en los contratos la cimentación autorizada, así como la realización de estudios de suelo. En caso de no existir o que la obra no se hizo acorde a los registros, entonces podría demandarse a la constructora. Sin embargo, en caso de no existir observaciones en los contratos que permitan hacer una demanda… lamentablemente –señalan los especialistas– poco podrán hacer quienes resultaron afectados para recuperar la pérdida y no por no tener la razón, sino porque un juicio con esas características podría extenderse por años. Y bueno, esto sólo en caso tener hipoteca vigente, porque quienes ya liquidaron el adeudo y el inmueble es completamente suyo, difícilmente cuentan con un seguro que garantice la recuperación del patrimonio.