Por Roberto Castillo
En México, leer noticias sobre escándalos de corrupción ya es el pan de cada día. Es tan común que, aunque no deja de indignar, ya no sorprende. Ya sea que un gobernador esté acusado de crear una red de empresas fantasmas para desviar dinero público a campañas, o que el Gobierno Federal contrate empresas fantasma para desviar más de 3 mil millones de pesos, o incluso que gobiernos delegacionales sean cómplices de la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México.
En 2016, cientos de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en todo el país se organizaron para impulsar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, con ello, de los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), los que deben ser equivalentes al SNA con funciones locales. De acuerdo con el semáforo anticorrupción elaborado por Transparencia Mexicana y el IMCO, al día de hoy ninguna Entidad Federativa ha logrado implementar al 100% su SLA.
El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Locales Anticorrupción es claro: coordinar a las agencias de gobierno encargadas de prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción. A un problema sistémico es necesario una solución integral, no una sola figura o comisión.
En la Ciudad de México ya se dio el primer paso: se aprobó la reforma que crea nuestro SLA y se aprobó también la Ley del Sistema Local Anticorrupción, aunque no de forma satisfactoria. Según el Semáforo Anticorrupción, herramienta creada por Transparencia Mexicana y el IMCO para dar seguimiento a la implementación de los 32 Sistemas Anticorrupción, nuestra Ley del SLA no cuenta con los requisitos necesarios para ser considerada como satisfactoria.
Desde la discusión de la ley del sistema anticorrupción de la CDMX, activistas alertaban sobre los riesgos de permitir que el contralor de la ciudad y el fiscal anticorrupción -piezas clave para la vigilancia y la impartición de justicia- fueran nombrados por mayoría simple por la Asamblea Legislativa, en lugar de por 2/3 partes. Además, la integración de los distintos órganos de nuestro Sistema Anticorrupción no ha estado exenta de irregularidades. Hace unos días Miguel Ángel Mancera envió a la Asamblea Legislativa 23 propuestas de magistrados que integrarán salas especializadas, ordinarias y jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, todas partes fundamentales del brazo judicial del sistema. Lo grave es que las propuestas enviadas a la Asamblea de la CDMX fueron abiertas únicamente durante dos horas para recibir observaciones de parte de la ciudadanía interesada en hacerlo.
En próximas fechas la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México votará la ratificación de las propuestas enviadas por el Jefe de Gobierno. Desde su inicio, la conformación del SLA ha sido una historia de opacidad y falta de inclusión de la sociedad civil en uno de los temas más importantes para el futuro de nuestra ciudad. La Asamblea se autonombra parlamento abierto, aunque sistemáticamente ha fallado en incluir mecanismos de apertura que garanticen una participación real y eficaz de las personas comunes en la creación de las leyes de nuestra ciudad.
Este año, a las personas comunes nos tocará vigilar las designaciones del SLA, pero también exigir una discusión abierta de las futuras leyes que estarán en nuestro congreso local.
El SNA se logró gracias a una discusión abierta y con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del sector privado. Es momento de exigir su buen funcionamiento para lograr su objetivo.
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Roberto Castillo es integrante de Wikipolítica CDMX, una organización política sin filiaciones partidistas.
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