Para que no digan que no se merecen su bono navideño, en la Cámara de Diputados se aprobó la reglamentación al artículo 29 de la Constitución, con lo cual se le dejaría el camino libre al presidente para suspender garantías en caso de considerar que la paz pública está en riesgo.
Lo anterior no se oye taaan mal: después de todo, uno nunca sabe cuándo estaremos en “grave peligro o conflicto” y sea necesario que el mandamás ponga orden. Sin embargo, para la oposición, dar luz verde a esta facultad del Ejecutivo afectaría a la libre manifestación, asociación, circulación… ya saben, situaciones en las que la banda se pone locochona al expresarse libremente.
De avalarse por completo la reglamentación del artículo 29 constitucional, sólo será cuestión de que el presidente mande una solicitud al Poder Legislativo, que éste sesione y listo… a más tardar en 48 horas, se podrá declarar un estado de excepción.
En el dictamen aprobado, se contempla que la masa se pone algo enervada al hacer frente a situaciones de desastre natural; es ahí donde el Ejecutivo entraría en acción: se podrá declarar el estado de excepción ante “perturbaciones ocasionadas como resultado de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias”.
Bueno, la madre naturaleza nos pone locos, pero también se contemplan aquellas situaciones en las que la gente intente expresarse en las calles. Los legisladores las llaman “revueltas internas de gran calado”… desde cosas que, de plano, sí se oyen como meritorias de algo de orden (incursiones de grupos armados, por ejemplo); hasta las protestas en las calles, ya que se asienta que en momentos de “crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones en el orden público”, también el Ejecutivo podría declarar estado de excepción.
Y para que no digan que no se contempla una invasión zombi o algo parecido, se le da chance al Ejecutivo de suspender las garantías en caso de eventos “derivados de la intervención humana (casos fortuitos), tales como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias, entre muchas otras”.
Los legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos consideran que este ordenamiento simplemente dota al Ejecutivo con la facultad de poner orden en casos de perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto (los cuales ya están previstos en la Constitución). Por ello, no tuvieron problema en aprobarlo con 17 votos a favor. Sin embargo, para Cuitláhuac García (Morena), esta ley reglamentaria NO debió recibir luz verde, ya que en ella no se contemplan tres derechos fundamentales: la libertad de manifestación, la libertad de reunión y la libertad de prensa; mismos que ahora corren el riesgo de ser aplazados por decisión presidencial.
Este ordenamiento será sometido al pleno cameral el día de hoy. Pese a lo destacado por los miembros de Morena y del PRD, se prevé que se avale por mayoría.